En un veredicto histórico un tribunal local declaró culpables a once agentes de policía por el asesinato de 17 migrantes centroamericanos en un trágico incidente que conmocionó a la comunidad internacional. Los migrantes, provenientes de Guatemala y Honduras, fueron baleados y posteriormente calcinados en la frontera entre México y Estados Unidos en enero de 2021.
La Fiscalía Estatal anunció que “logró que fuera dictada sentencia condenatoria en contra” de los once policías acusados de homicidio, mientras que otro agente fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad, según un comunicado emitido por la dependencia.
El proceso judicial, que se extendió por más de tres meses, fue dirigido por el juez Patricio Lugo Jaramillo, quien encontró pruebas contundentes que respaldaron las acusaciones contra los ex agentes. En los próximos días, estos ex agentes de la ley enfrentarán sentencias que podrían llegar hasta los 50 años de prisión.
Los trágicos hechos ocurrieron el 21 de enero de 2021 en la comunidad de Santa Anita, en el municipio de Camargo, una localidad cercana a la frontera entre México y Estados Unidos, donde los migrantes buscaban una vida mejor. De las 17 víctimas, 16 eran originarias de Guatemala y una de Honduras.
La cifra de víctimas se elevó a 19 después de que se identificaron los restos de dos mexicanos, quienes, según las autoridades, estaban involucrados en el tráfico de personas y llevaban a los migrantes centroamericanos hacia la frontera.
Según el comunicado de la fiscalía, las víctimas “perdieron la vida por impactos de arma de fuego y posteriormente fueron incineradas”. Los cuerpos calcinados fueron descubiertos en el interior de una camioneta en el municipio de Camargo, una zona que ha sido escenario de disputas territoriales entre el cártel del Noreste, derivado de Los Zetas, y el cártel del Golfo, que ha estado operando en Tamaulipas durante décadas.
Este veredicto representa un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia en la frontera y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los agentes de la ley en la protección de los derechos humanos. Las autoridades continuarán trabajando para garantizar que quienes perpetren actos de violencia enfrenten las consecuencias legales adecuadas.
