La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) ha dado inicio al macrocaso 11, titulado “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”. Este macrocaso representa un hito en la búsqueda de verdad y justicia en Colombia, al investigar a fondo crímenes que han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.
La Sala de Reconocimiento de la JEP ha estructurado el macrocaso en tres subcasos fundamentales:
Subcaso 1: Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP; Subcaso 2: Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública y Subcaso 3: Violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las FARC-EP.
Esta etapa del macrocaso 11 marca el inicio de la búsqueda de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas. La JEP se enfoca especialmente en analizar los elementos discriminatorios presentes en estas violencias y en las dinámicas del conflicto armado que han amplificado las discriminaciones estructurales a lo largo de la historia.
Este macrocaso no se limita a investigar crímenes individuales, sino que profundiza en los motivos y las lógicas subyacentes de las organizaciones armadas, que se apoyan en relaciones de género dominantes para perpetuar su poder a través del uso de las armas.
Como parte de su labor de recopilación de información, se ha registrado un total de 35.178 víctimas de todas las partes involucradas en el conflicto, afectadas por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio ocurridos entre 1957 y 2016. De estas víctimas, el 89,2 por ciento son mujeres, y el 35 por ciento experimentaron estas violencias durante su niñez o adolescencia.
Aunque en el 78 por ciento de los registros no se cuenta con información sobre la pertenencia étnica de las víctimas, se ha identificado que estas violencias afectaron especialmente a personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom.
El análisis preliminar de los hechos revela que un 33 por ciento de ellos se atribuye a grupos paramilitares, seguidos por las extintas FARC-EP con un 5,82 por ciento y agentes del Estado con un 3,14 por ciento, mientras que en el 30 por ciento de los casos no se ha identificado al presunto actor armado responsable.
La Sala de Reconocimiento de la JEP ha concluido que estos actos de violencia de género y por prejuicio estuvieron directamente relacionados con el conflicto armado, ya que los perpetradores se aprovecharon de su posición de dominio armado para seleccionar a las víctimas y cometer los crímenes.
La JEP reitera su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, y continuará trabajando para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes en este importante macrocaso.
