El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunció que a la fecha y luego del proceso judicial correspondiente se han liberado más de 7.000 personas que habían sido detenidas durante la implementación del régimen de excepción en el país. Este régimen se estableció como parte de la estrategia gubernamental en la llamada “guerra contra las pandillas”, con el propósito de enfrentar la creciente actividad delictiva y garantizar la seguridad de la nación.
El régimen de excepción, que entró en vigor en marzo de 2022, conllevó la suspensión de ciertas garantías constitucionales en un esfuerzo por fortalecer la respuesta estatal frente a las pandillas y su impacto en la sociedad salvadoreña. Según cifras proporcionadas por fuentes oficiales, más de 72.000 personas han sido detenidas desde entonces, bajo sospecha de estar vinculadas a estas organizaciones criminales. El ministro ha justificado la medida y el compromiso gubernamental ya que se prioriza los derechos humanos de los 6.3 millones de salvadoreños.
“Cuando nosotros decimos que esta guerra va a terminar hasta que capturemos al último pandillero, es precisamente porque no queremos dejar ningún asesino serial dentro del territorio salvadoreño”, afirmó.
A 17 meses desde la implementación del régimen de excepción, los resultados son notables. Villatoro señaló que la economía delictiva de estas agrupaciones ha sido desarticulada. Como evidencia de este logro, delitos como las extorsiones han experimentado una reducción significativa.
La “guerra contra las pandillas” ha sido una estrategia central del gobierno salvadoreño para abordar la amenaza que representan estos grupos delictivos para la paz y estabilidad del país. Sin embargo, esta política ha generado opiniones encontradas, ya que algunos la ven como una respuesta necesaria ante la criminalidad, mientras que otros plantean preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la efectividad a largo plazo.
El gobierno se encuentra bajo el escrutinio de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, quienes observan de cerca las implicaciones de estas liberaciones y su relación con la política de seguridad del país.
