En una rueda de prensa celebrada el día de hoy, la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, expuso preocupantes cifras relacionadas con la situación de niñas, niños y adolescentes en el país, afectados por el régimen de excepción en vigor desde 2022 para combatir el problema de pandillas. Escobar denunció que más de 75.000 menores se encuentran en estado de abandono por parte del Estado, en medio de la crisis humanitaria que enfrenta El Salvador.
La medida de régimen de excepción, implementada para hacer frente a las pandillas, ha dejado un impacto devastador en los sectores más vulnerables de la población. Según estimaciones de diversas organizaciones, más de 75.000 niñas, niños y adolescentes han sido afectados directamente por esta política, la cual ha generado una grave situación de desamparo y desprotección para los más jóvenes.
Además, la directora del SJH también puso de relieve la alarmante situación de 20.000 personas inocentes detenidas en El Salvador, quienes son identificadas como “hijos de personas privadas de libertad” bajo el régimen de excepción. Esta cifra muestra el alcance del impacto de la política gubernamental en las familias y comunidades, donde menores de edad se ven inmersos en un contexto adverso e injusto.
“La presunción de inocencia y el derecho pleno a la defensa y a un juicio justo no existen en El Salvador en el contexto del Régimen De Excepción. Cada día reforman la ley penal para lograr imponer una condena masiva contra miles de inocentes que aún están presos injustamente. No hay pruebas suficientes para juzgar por las acciones individuales de los imputados sino que quieren imputarles acciones que no han cometido”, ha dicho.
También, registra información de unas 300 personas detenidas que habrían fallecido en custodia estatal, y de las que han confirmado 170.
Ante esta grave situación, la directora del SJH hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que se revisen las políticas en curso y se tomen medidas efectivas para proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes. También instó a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a que se unan en solidaridad para abogar por el respeto y protección de los derechos de la infancia en El Salvador.
