Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han expresado una profunda preocupación por una eventual “interferencia” en el proceso electoral del 25 de junio en Guatemala y la creciente narrativa de fraude en el mismo. Ambas entidades han manifestado su inquietud por lo que consideran una “extrema judicialización” del proceso, que puede socavar la confianza en la democracia y el Estado de Derecho en el país.
Las elecciones del 25 de junio en Guatemala fueron vistas como un momento crucial para fortalecer el sistema democrático y garantizar una transición pacífica del poder. Sin embargo, desde entonces, han surgido denuncias y controversias en torno al proceso electoral, lo que ha generado incertidumbre y tensiones en el país.
El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha expresado su preocupación por las informaciones que indican la posible interferencia en el proceso electoral por parte de personas y grupos interesados en desestabilizar la democracia. Esta interferencia, según las denuncias, ha incluido tácticas como la manipulación de información, la desinformación, y la difusión de teorías para alimentar una narrativa de fraude electoral.
“Estados Unidos apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco de elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas y está profundamente preocupado por los esfuerzos que interfieren con el resultado de las elecciones del 25 de junio. Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”, ha expresado Blinken.
Por su parte, la OEA ha seguido de cerca el proceso electoral en Guatemala y ha enviado una misión de observadores para monitorear y evaluar la integridad del proceso. En su informe preliminar, la OEA ha señalado que la excesiva judicialización del proceso electoral ha generado incertidumbre y ha erosionado la confianza pública en la transparencia del mismo, al intentar buscar la invalidación de la primera vuelta de las elecciones generales.
“Alimentar una narrativa de fraude sin el sustento probatorio menoscaba la voluntad popular y la institucionalidad democrática”, dijo la entidad.
La “extrema judicialización” a la que se refiere la OEA se ha caracterizado por un uso excesivo de recursos legales, impugnaciones y acciones legales que han generado demoras en el proceso de certificación de los resultados electorales. Esto ha llevado a un ambiente de polarización y desconfianza, ya que algunos sectores políticos han interpretado estas acciones como una estrategia para socavar el resultado electoral y sembrar dudas sobre su legitimidad.
Existe en la actualidad una “instrumentalización de la justicia para buscar la invalidación de una elección que el domingo 25 de junio registró la voluntad popular. Los mecanismos de impugnación en un proceso electoral democrático deben ser taxativos y alcanzar definitividad, un principio fundamental para otorgar a la ciudadanía certeza de que sus preferencias emanadas del voto no estarán siempre sujetas a revisión”, ha dicho la OEA en un comunicado de prensa.
Ante esta preocupante situación, tanto Estados Unidos como la OEA han instado a todas las partes involucradas a respetar el Estado de Derecho, garantizar la transparencia del proceso electoral y permitir que las instituciones encargadas de velar por la democracia cumplan con su rol de manera imparcial y justa.
