Raúl Vallarino
Editor General de ICN Diario
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Un “grupo de expertos” de la ONU en derechos humanos, que parecen no ser tan expertos, dio a conocer en un comunicado una serie de conceptos erróneos sobre la situación de la falta de agua en Uruguay y entonces vale la pena aclararles algunos puntos que, sospechosamente, no incluyen en su informe.
No solo en este caso puntual, donde evitan dar a conocer la realidad, sino en otros que he leído, aunque no quiero pensar que prima la ideología personal de algunos “relatores”, por un ensañamiento difícil de comprender.
Con claro desconocimiento de lo que ocurre en Montevideo, no en todo el Uruguay, porque el problema de la sequía solo afecta a la capital del país, estos “expertos” expresan que:
“El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados.Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber”.
Luego, advierte el “grupo de expertos de la ONU en derechos humanos”, que esa medida “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, e instaron al gobierno a darle prioridad al uso del agua para consumo humano”.
¿Sabrán de lo que hablan estos “expertos de la ONU”? Parecería que no.
Lo que oculta la ONU
Al menos reconocen “los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos al agua”, pero deliberadamente lo que oculta el comunicado de la ONU es la realidad de la situación, porque “olvidan” mencionar que Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el de Salud Pública y la Intendencia de Montevideo entregan agua embotellada sin costo a las personas que son señaladas como de particular riesgo.
Según informó El País, el Mides habilitó en mayo y luego extendió un subsidio de dos litros diarios de agua embotellada para la población vulnerable que, por recomendación del Ministerio de Salud Pública, no deberían consumir del servicio que hoy brinda OSE. La medida atiende a unas 540.000 personas, que están comprendidos, entre otros, en el programa Asignaciones Familiares – Plan de Equidad (Afam-pe) o tienen Tarjeta Uruguay Social. En el primer caso, los beneficiados son mujeres embarazadas y niños menores a dos años, y en el segundo, aquellos que a su vez integran el programa de enfermedades crónicas del Mides.
Además, el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, en conjunto con el Correo Uruguayo, está coordinando la entrega de dos fundas de agua mensuales embotellada a los pacientes de diálisis crónica y los que integran el Programa Trasplante Hepático portadores de cirrosis+hipertensión portal de Montevideo y de Canelones que tienen cobertura financiera del FNR y que así lo requieran.
Por su parte, la Intendencia Municipal de Montevideo decretó en mayo que las policlínicas municipales comenzaran a expedir “recetas” a un público determinado para el acceso a agua embotellada en forma gratuita en los comercios barriales. Los destinatarios de este beneficio son los lactantes, bebés menores de seis meses que consumen complementos, adultos con hipertensión o insuficiencia renal y mujeres embarazadas.
En este sentido, expresaron especial preocupación por la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua.
Pero esto, los “expertos de la ONU” no lo mencionan y crean una imagen falsa de la situación.
Les faltó echarle la culpa de la sequía al gobierno y que es su responsabilidad de que no llueva. Tal vez estos “expertos” si conocen alguna danza ritual para atraer lluvias; deberían decirlo.
Los “expertos en derechos humanos de la ONU”, no aplican la misma regla para la Argentina. Por simple ejemplo parecen ignorar el informe de UNICEF de febrero de este año, que denuncia que “Dos de cada tres niñas y niños de Argentina (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro”, según el informe de UNICEF sobre pobreza multidimensional presentado en este 2023.
“En total, son aproximadamente 8,8 millones las niñas y los niños (argentinos) que experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales considerados en la EPH. 3,7 millones (28%) enfrentan ambos tipos de privaciones simultáneamente: es decir, 3 de cada 10 chicas y chicos viven en hogares con ingresos insuficientes y, al mismo tiempo, tienen al menos un derecho básico vulnerado. Esta situación, que refleja el núcleo más duro de la pobreza, se mantiene desde hace más de seis años, de acuerdo con el estudio “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en niñas, niños y adolescentes en Argentina”, explica UNICEF.
Tal vez no lo sepan estos “expertos”, pero UNICEF es también un organismo de la ONU; deberían consultarlos.
Los firmantes de este informe sobre el agua en Uruguay, son: Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Damilola Olawuyi (Presidente), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Lo del principio; no quiero pensar que existen motivos ideológicos de por medio. No digo que la información sea malintencionada, pero anda cerca…
Nota: Por las lluvias recientes las reservas de agua de Paso Severino siguen subiendo y niveles de cloruro y sodio están debajo de los límites.
El informe de Presidencia, que tiene datos de OSE y del Ministerio de Salud Pública indica que este jueves no se registraron excesos en los niveles del agua.
Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU:
📰https://t.co/eqozIhxvM0 pic.twitter.com/owgpuvp0wN— Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) July 13, 2023
¿ Asesores de la la ONU imparciales? No lo creo, entre los firmantes están Pedro Arrojo Agudo, candidato del partido prochavista español Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza y Fernanda Hopenhaym, una uruguaya- mexicana que se presenta como “feminista y defensora de los derechos LGBTI”, pero claramente siendo uruguaya, no dice la verdad sobre el tema del agua y ayuda en la falsa descripción de los hechos.
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