En una conferencia de prensa llevada a cabo este martes, el Grupo Interdisciplinario de Investigadores Expertos (GIEI), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su esperado y definitivo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sucedida el 26 de septiembre de 2014. Bajo el título “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes”, el informe aborda en detalle la investigación llevada a cabo y los desafíos enfrentados en el proceso.
En sus seis años de exhaustivo trabajo, el GIEI se enfrentó a innumerables dificultades que dificultaron el avance efectivo en la búsqueda de la verdad en este trágico suceso que conmovió a todo México y al mundo entero. El informe destaca la acumulación de negaciones y mentiras que han rodeado este caso desde sus inicios, señalando que estas no son simplemente el resultado de la inercia burocrática institucional, sino que reflejan una intencionalidad deliberada para encubrir hechos significativos relacionados con la desaparición de los estudiantes, apuntando específicamente al Estado y sus instituciones. Ante esto el GIEI declara que se hace imposible continuar su trabajo y, por esa razón, en esta ocasión considera que, si las cosas no cambian, “damos por terminado nuestro trabajo”.
“Duele investigar en estas condiciones en las que una asistencia técnica se convierte de nuevo en una carrera de obstáculos. Pero las respuestas de negación de documentación y de la verdad se han seguido dando por Sedena y Semar y el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) en el periodo actual, en un comportamiento más corporativo que comprometido con la verdad que es la base de la democracia”, ha dicho el grupo de expertos.
El documento arroja luz verde sobre la evidente falta de transparencia y la opacidad que ha caracterizado la investigación en torno a la tragedia de Ayotzinapa. Se resaltan las serias deficiencias en la cooperación de algunas autoridades y la falta de voluntad política para llegar a la verdad. El GIEI también menciona la presencia de obstáculos estructurales y legales que han limitado su accionar, lo que ha llevado a la imposibilidad de obtener resultados concluyentes.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido un emblema de la lucha por los derechos humanos y la justicia en México. Las familias de las víctimas y la sociedad en su conjunto han expresado su indignación y exigen respuestas claras. No obstante, el camino ha estado plagado de obstáculos, lo que ha generado frustración y desconfianza en las instituciones encargadas de la investigación.
“El estudio de localización en las calles de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 muestra que el músculo del Estado estaba presente, que actuaron y no protegieron. Y además saben y sabían todo lo que pasó. El ocultamiento de dicha información ha contribuido no solo a ocultar responsabilidades del Estado, sino que se ha constituido en una responsabilidad del Estado en la desaparición de los jóvenes, al no poder contar con información relevante para la búsqueda de los desaparecidos y los responsables de los hechos”, ha expresado.
La sociedad mexicana clama por una investigación rigurosa y veraz, que ponga fin al manto de incertidumbre que ha oscurecido este doloroso episodio. Es esencial que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y garantice el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Solo con la verdad como guía se podrá avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y segura para todos sus ciudadanos.
“El número de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto solo de una inercia o burocracia institucional, existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos, que oculta partes muy significativas de los mismos”, ha concluido.
