La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), carece de imparcialidad para juzgar los hechos del pasado reciente en Uruguay con sus sesgadas interpretaciones de lo que realmente ocurrió en varios hechos en esos años posteriores al golpe de Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en 2021 al Estado de Uruguay por las muertes de las llamadas “Muchachas de abril“, Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, que murieron en su casa durante una operación llevada a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en 1974 en operativos contra la subversión.
Las tres mujeres eran compañeras de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), una guerrilla urbana de izquierda surgida en los años ’60, cuya violencia primó en robos, secuestros y asesinatos.
Se debe puntualizar que el golpe militar de junio de 1973, vino a consecuencia del accionar violento de los tupamaros.
¿Entonces de qué habla la Corte Interamericana? La CIDH no mide con la misma vara otros asesinatos cometidos en esos años por los tupamaros, antes de la dictadura, donde los guerrilleros violaban los derechos humanos de civiles inocentes.
Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), hay uruguayos de primera y segunda clase y hace distinciones impresentables.
La CorteIDH toma partido por la guerrilla e ignora a las víctimas de los grupos subversivos. Nada dice la Corte de la enorme cifra de asesinados por los tupamaros y tampoco exige reparaciones para las familias de esos inocentes.
Esta Corte Interamericana jamás ha ordenado a los gobiernos anteriores del Frente Amplio, que quiten de las pensiones reparatorias que se otorgan a los ex presos políticos, a los exguerrilleros que asesinaron a civiles inocentes, como entre otros, los casos puntuales del chofer de CUTCSA, Vicente Oroza, el sereno de la fábrica Niboplast, Juan Andrés Bentancur, la limpiadora del Bowling de Carrasco, Hilaria Quirino, el peón rural, Pascasio Báez, el científico, Dr. Julio Federico Morato Manara, Alfonso Zapicán Arhancet Garcés de 15 años de edad asesinado, o al comerciante Rómulo Terra, muerto por haberlo confundido con un político.
Esta Corte, exige las compensaciones millonarias para los familiares de estas jóvenes, pero además impone que en un acto se reivindique a las víctimas del terrorismo de Estado y que estén presentes autoridades del Estado:
Luego en el numeral 236, la confundida CorteIDH, impone lo siguiente:
Ahora bien, estos hechos ocurrieron cuando el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tenía 6 años de edad, pero los familiares de las jóvenes fallecidas exigen que el mandatario pida “disculpas” por parte del Estado.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus insólitos jueces, no toman en cuenta que el Estado como tal no existía, se estaba en un régimen de facto donde las instituciones fueron avasalladas y la Constitución no era respetada. ¿Cómo puede un gobierno legítimo, elegido en democracia, ser responsable por hechos cometidos a la fuerza por fuera del estado de derecho?
Es tan ridícula la pretensión de que Lacalle Pou pida disculpas por hechos que ocurrieron en su infancia, salvo que éste saliera a golpear gente con su espada plástica de juguete del personaje del Zorro, tan común en esos años.
El juez argentino de la CorteIDH Eugenio Raúl Zaffaroni
Pero además, la gravedad de esta sentencia es que uno de los magistrados firmantes es nada menos que el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, un ultrakirchnerista confeso, cuestionado en su país por querer introducir la baja de penas a los delincuentes y a la vez exigió públicamente que “Alberto Fernández debería indultar a Cristina Kirchner si queda firme la condena en su contra” por hechos de corrupción y la aberrante frase: “Si (Alberto) Nisman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco porque me hizo leer su denuncia”, sobre Cristina Kirchner. ¡Impresentable!.
Los contravertidos fallos de Zaffaroni, son polémicos, como cuando dictaminó de que no existe violación, porque “si hay oscuridad no hay abuso sexual” y determinó como un atenuante el hecho de que el portero violador de una menor hubiera forzado a la niña de 14 años con la luz apagada.
Pero también, Zaffaroni, fue el abogado defensor del expresidente Amado Boudou, condenado por corrupción.
Este miércoles, en Montevideo, los familiares de estas jóvenes guerrilleras de los tupamaros, “lamentaron que el presidente Lacalle Pou no fuera a “pedirles disculpas”. Eso jamás se lo pidieron a los gobiernos afines del Frente Amplio.
Asistieron al acto la vicepresidenta Beatriz Argimón y otras altas autoridades del Estado (la sentencia de la CorteIDH, en ningún momento menciona que deba ir el presidente) y se cumplió.
Estos familiares de las tres jóvenes tupamaras, criticaron que no fuera el presidente a rendirles homenaje a las guerrilleras izquierdistas y lo abuchearon; si hubiera ido, seguramente, también iban a protestarle. Gatoflorismo puro, eso ya lo conocemos.
Esta desprestigiada Corte, pudo haber laudado antes, pero sugestivamente recién lo hace ahora.
Mientras tanto, las víctimas inocentes, que fueron asesinadas por la guerrilla tupamara, de las cuales las llamadas “Muchachas de Abril” eran parte, siguen esperando justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mira para otro lado.
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