Tec. Facundo Ordeig.-
La violencia en los espectáculos deportivos es la consecuencia de una serie de carencias institucionales que en conjunto con la incapacidad de manejar la frustración o la ira, la necesidad de ser reconocido y la búsqueda de una sensación de poder, se traduce en el daño a las instalaciones deportivas, en la destrucción de propiedades y bienes tanto públicos como privados, en millones de dólares de reparaciones, en lesiones gravísimas e incluso en la pérdida de seres queridos por lo que a pesar que es necesaria una respuesta interinstitucional para prevenir que más personas adopten éstas prácticas, también es necesario aumentar los controles in situ, lo que debe ser respaldado por una norma clara pero sobre todo específica que no dé espacio a que continúen avanzando, más aun teniendo en cuenta a ciertos abogados de renombre que suelen ser contratados por las parcialidades. En esta línea nos encontramos con las modificaciones que el Senador Sartori busca introducir mediante la Comisión de Juventud y Deporte siendo que, a pesar de ser un avance en la dirección correcta, por lo que en principio pienso que deberían aprobarse, existen factores que deben tenerse en cuenta antes de pensar en su implementación, en especial al estar analizando la creación de un cuerpo de la Policía Nacional para que actúen como infiltrados para con ellos.
Uruguay necesita un Registro de Personas Impedidas más estricto
En este momento nos encontramos con que 1.476 personas se encuentran impedidas de ingresar a los eventos deportivos debido a una sanción que dependiendo de si es leve, grave o gravísima irá desde los seis meses a los quince años pero con los cambios que el legislador busca introducir dichas sanciones oscilarán entre los nueve meses a los veinte años, pero un detalle no menor es que la norma ni los cambios propuestos contemplan aquellos casos donde la Justicia dictamina la necesidad de una medida privativa de la libertad dado que el impedimento no debería comenzar una vez que la persona es incluida en el Registro sino en el momento en que recupera su libertad para que sea complementaria en la búsqueda de reducir las posibilidades de reincidencia porque debe ser tenido en cuenta que con la norma actual, quien es condenado a un año de prisión a raíz de una agresión (lesiones personales) puede asistir a un estadio al día siguiente a su liberación para cometer el mismo delito e incluso uno peor mientras que con los cambios planteados seguiría sucediendo, aunque para las sentencias de cinco años, lo que reduciría en buena medida la probabilidad, no siendo suficiente debido al modo operativo de los parciales.
Por más que extender la duración del impedimento es necesario, es necesario pensar en las carencias del sistema penitenciario en lo que concierne a la reinserción para reducir el nivel de riesgo dentro de los estadios porque no estamos hablando de meros inadaptados – como se suele hacer creer – sino de individuos que en buena medida pertenecen a organizaciones criminales que comercian tanto con armas como con estupefacientes, no siendo los únicos delitos a los que uno puede llegar a asociarlos dado que entre sus antecedentes nos encontramos con casos de extorsión, secuestros, copamientos, explotación sexual comercial y – por supuesto – numerosas agresiones y varios homicidios.
Debemos dar a la Policía Nacional un mayor control de los estadios, pero también mayores garantías
Teniendo en cuenta su actividad delictiva tanto dentro como fuera de los estadios debería llamarnos la atención que a pesar que en nuestro país se busca implementar el sistema inglés desde 2009, aún no se ha creado la unidad especializada que mediante la infiltración de sus agentes procure la disuasión y la contención de la violencia dentro de las instalaciones deportivas siendo una de las principales medidas aplicadas en el país europeo dada la ventaja operativa que supone además de la posibilidad de, en conjunto con las cámaras de video vigilancia, adelantarse a los hechos. En este sentido es cierto que el Uruguay no cuenta con los mismos recursos económicos, técnicos o humanos, pero aun así esta unidad implicaría aumentar el control de las instalaciones e incluso, dependiendo de la capacitación que se les dé, recoger información que permita colaborar con las investigaciones en curso además de la posibilidad de prever la necesidad de suspender un partido con mayor eficiencia.
Claro que para ello se debería garantizar que tanto los agentes como el público general se encuentren expuestos al menor nivel de riesgo gestionable en caso de ser necesaria una actuación de emergencia, razón por la que el Ministerio del Interior no debería autorizar que ingresen a los estadios con un arma de fuego dada la posibilidad de que se las roben al encontrarse en una situación de desventaja táctica además de existir el riesgo de herir a un inocente a raíz del tumulto en un espacio moderadamente reducido, entre otras situaciones que necesitan ser analizadas por los especialistas de la administración de Heber o del siguiente Ministro, dependiendo de en qué momento se aprueben las medidas siendo necesario señalar que una infiltración exitosa requiere de reserva, constancia y profesionalismo, en especial en lo que respecta a la identidad de los agentes, por lo que el contacto que determinados jefes de las barras bravas tienen dentro del sistema político pero también dentro de las filas de la Policía Nacional representa una brecha a la seguridad operativa pero sobre todo, individual.
No por nada el jefe de la parcialidad aurinegra Erwin Parentini, aun cumpliendo una sentencia de 28 años de prisión por la autoría intelectual del homicidio de Lucas Langhain, parecería seguir operando desde dentro del sistema penitenciario, al igual que otros, la pregunta es ¿acaso alguien los está apadrinando para que continúen en el negocio?
De todas formas ésta no es la única medida con la que el Senador Sartori busca que el Ministerio del Interior ejerza su autoridad debido a que en caso de aprobarse la nueva normativa la decisión de suspender el partido no recaerá “en los árbitros al amparo de reglamentaciones institucionales”, los cuales de acuerdo a la exposición de motivos presentada pudieran llegar a responder no al interés público sino al privado, por lo que el jefe de seguridad del operativo será responsable de suspender el espectáculo, reanudarlo por una única vez en caso de estar dadas las condiciones o desalojar tribunas o sectores de las mismas como una acción intermedia, quedando la seguridad ciudadana en manos del Estado y no de organizaciones que cuentan con intereses económicos de por medio, un acto de sentido común no contemplado hasta el momento.
