El juez federal Flavio Oliveira Lucas, del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2), decidió hoy (29) liberar la aplicación de mensajería Telegram en Brasil.
La decisión fue apelada por Telegram, después de que el martes (25) el juez Wellington Lopes da Silva, del 1º Juzgado Federal de Linhares, en Espírito Santo, suspendiera el funcionamiento de la aplicación. La medida se tomó después de que la empresa no proporcionara la información solicitada sobre los grupos neonazis activos en la plataforma de mensajería.
En segunda instancia, el juez Flavio Oliveira Lucas recordó que el Supremo Tribunal Federal (STF) aún discute, en dos acciones, si es posible que la Justicia suspenda los servicios de mensajería electrónica en todo el territorio nacional. En tales procesos ya hay dos votos en el sentido de que la medida no sería constitucional, subrayó.
En su decisión, el juez escribió que “la medida de suspensión total del servicio no es razonable, considerando la afectación generalizada en todo el territorio nacional de la libertad de comunicación de miles de personas absolutamente ajenas a los hechos investigados”.
Sin embargo, mantuvo la aplicación de una multa diaria de BRL 1 millón a Telegram por incumplir la orden de proporcionar datos sobre un grupo neonazi activo en la plataforma. El magistrado consideró la sanción “en principio adecuada a la escala y capacidad económica de la empresa”.
Aun así, el juez suspendió el cómputo del plazo de la multa a partir de ahora, al menos hasta la sentencia sobre el fondo del recurso de mandamus interpuesto por Telegram en TRF2.
La polémica se deriva de las investigaciones sobre el ataque a la Escuela Primaria y Secundaria Estatal Primo Bitti y al Centro Educativo Praia de Coqueiral, ambos en la ciudad de Aracruz (ES), el 25 de noviembre, cuando un adolescente de 16 años invadió la establecimientos y mataron a tiros a tres profesores y una estudiante. Otras doce personas resultaron heridas.
Durante las investigaciones, la policía tomó conocimiento del celular del joven y descubrió que su acción pudo haber sido inducida por grupos antisemitas en Telegram, que, según los investigadores, tenían, según los investigadores, “difusión de tutoriales de asesinatos, videos de muertes violentas, fabricación de tutoriales”. artefactos explosivos, que promueven el odio a las minorías y los ideales neonazis”.
El 19 de abril, el Tribunal Federal de Espírito Santo autorizó la violación del secreto telemático de los participantes de estos grupos y ordenó a Telegram proporcionar los datos de registro de los usuarios, con base en lo dispuesto en el Marco de Derechos Civiles para Internet.
La transferencia de información como: nombre, nombre de usuario, CPF, imagen de perfil, estado del perfil, correo electrónico, dirección, banco registrado y datos de la tarjeta de crédito, contactos proporcionados para la recuperación de la cuenta, dispositivos vinculados (incluido IMEI, si corresponde), número de confianza indicado para autenticación de dos factores y creación de registros (que contienen IP, fecha, hora, zona horaria GMT/UTC y puerto lógico) de todos los usuarios de los grupos, especialmente sus administradores.
Al día siguiente, la autoridad policial solicitó el cumplimiento de la medida, pero la aplicación alegó, durante unas horas, problemas técnicos que impidieron el suministro de datos, como la ausencia, por ejemplo, de URL y enlaces específicos en los que realmente se los objetivos de la decisión.
Alrededor de las 18:00 horas del 20 de abril, uno de estos grupos fue eliminado de la plataforma por su administrador, lo que imposibilitó definitivamente el cumplimiento de la decisión judicial, afirmó Telegram.
Ante el tribunal, la empresa dijo que “cuando se elimina un grupo o canal de la plataforma de Telegram, se eliminan todos sus miembros, lo que imposibilita el acceso a mensajes o archivos compartidos en el grupo que ya no existe, dada la estructura y el funcionamiento de la plataforma”. .
Luego de analizar el caso, el juez a cargo decidió entonces suspender la aplicación en todo el país hasta que la empresa proporcionara los datos solicitados y también imponer una multa a la plataforma, decisión ahora parcialmente suspendida por la segunda instancia de la Justicia Federal.
Agencia Brasil.-
