El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso ha declarado este viernes el estado de excepción en tres provincias del país a fin de frenar las movilizaciones ciudadanas que se han producido en los últimos días en su contra y que tienen en alerta a las autoridades policiales y de seguridad por los focos de violencia que se puedan producir en medio de las manifestaciones.
En este sentido ha sido enfático en señalar que los afectados de esta movilización son los emprendedores, agricultores, campesinos y todos los que viven del día a día, por lo que se ha tomado la decisión de decretar medidas que atiendan las necesidades de los ecuatorianos.
De esta forma el gobierno ecuatoriano ha estipulado que desde la medianoche de este viernes el estado de excepción regirá en las provincias de Imbabura, Pichincha, cuya capital es Quito; y Cotopaxi, situadas en el centro y norte de la región andina del país.
“Pese a la violencia hemos actuado con prudencia, pero tenemos que defender a los que quieren trabajar en paz. Es por eso, que el estado de excepción regirá en Pichincha, Cotopaxi e Imbabura”, ha expresado.
En este contexto el Jefe de Estado ha anunciado una serie de acciones que se aplicarán de manera inmediata en las regiones afectadas a fin de mitigar, en parte, las exigencias encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), además de diversos sectores productivos, campesinos y organizaciones sociales del Ecuador.
“Buscamos aliviar la situación de las familias ecuatorianas. Las medidas anunciadas responden a las necesidades de varias organizaciones sociales, promoverán la paz y el desarrollo de los ciudadanos”, ha explicado.
Los manifestantes exigen al gobierno dar respuesta a 10 demandas prioritarias para las comunidades en diversos aspectos del desarrollo que involucran la suspensión de los embargos y remates de propiedades en las comunidades por falta de pago de las deudas; viabilizar la modalidad del transporte comunitario en territorios rurales; garantizar el precio oficial de la leche por litro y la inversión de recursos para impulsar la industrialización desde el Estado y la fijación de precio de los combustibles, entre otros aspectos.
