El anuncio de una protesta pacífica de ciudadanos disidentes convocada para el lunes 15 de noviembre, ha desatado en Cuba una guerra mediática entre el gobierno comunista y un movimiento disidente – Archipiélago- que afirma tener en el teléfono celular su mejor arma.
Bajo el autoritario régimen cubano, está prohibido manifestar libremente y opinar en contra de la dictadura castrista.
Los disidentes solicitaron permiso para realizar una “Marcha Cívica por el Cambio” el mismo día que Cuba reabre sus fronteras al turismo después de dos años de hiato.
Las autoridades de la dictadura rechazaron esa solicitud, alegando que los disidentes trabajan con Estados Unidos para derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel, y amenazaron con imponer penas de hasta 30 años de prisión a quienes protesten. Las más altas en décadas.
La subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Emily Mendrala, condenó este viernes las acciones del Gobierno de Miguel Díaz-Canel para acallar al pueblo cubano y avisó que la Casa Blanca está “monitoreando activamente la situación” en el país caribeño.
A pesar de las negativas, los organizadores de la manifestación afirman que saldrán a las calles. Un grupo de Facebook llamado Archipiélago, que organiza la protesta, afirma que tiene más de 30 mil miembros, que la mayoría vive en la isla y tiene entre 25 y 44 años.
“Reconocemos que las protestas planeadas en Cuba el 15 de noviembre, al igual que las protestas del 11 de julio, dan voz al deseo de los cubanos de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”, subrayó Mendrala durante una conferencia de prensa vía telefónica.
En ese sentido, subrayó que las movilizaciones obedecen a un sentimiento de la mayoría de la población al considerar que las políticas del Ejecutivo cubano “no satisfacen sus necesidades básicas, incluidos los alimentos y las medicinas”.
VOA
