La Procuraduría General de Ecuador ha informado la determinación del embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados en el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, organización delincuencial que vincula al ex presidente del país, Rafael Correa Delgado y su vicepresidente, Jorge Glas Espinel junto a un grupo de altos funcionarios gubernamentales.
Esta disposición la dio el miércoles 10 de noviembre del 2021 el Tribunal de Ejecución de la sentencia conformado por los jueces Walter Macías, Marco Rodríguez y Luis Rojas.
En este sentido la entidad solicitará ahora “al Tribunal de Ejecución que disponga el embargo de los bienes registrados a nombre de los condenados”, refiriéndose a los “bienes muebles e inmuebles”, al tiempo de disponer “el embargo de las cuentas bancarias” de los sentenciados por delito de cohecho con el objetivo de recuperar los recursos obtenidos de manera ilícita y sean devueltos al Estado.
“Para impulsar eficientemente estos procesos, en agosto del 2020 la Procuraduría General del Estado conformó la unidad de Recuperación de Activos cuyo objetivo es ejercer el patrocinio del Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en los casos penales por corrupción que involucran a ex servidores públicos”, ha detallado la institución.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde el 2017, ha sido sentenciado por participar en una red de sobornos que implicaba haber recibido “aportes indebidos” para la financiación de su movimiento político y principal partido de gobierno, Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. Tanto Correa como Jorge Glas son considerados como instigadores en la mencionada red para obtener recursos económicos para el beneficio de su movimiento político y propios.
“Se instauró una estructura delincuencial integrada por varios funcionarios públicos con roles determinados (líderes y coordinadores) designados estratégicamente y de forma secuencial en cargos como ministros, secretarios de Estado, gobernadores y asesores”, detalla la sentencia acusatoria.
La justicia ecuatoriana no ha logrado extraditar al expresidente (2007-2017).
El exmandatario, de 58 años, no cumplirá ninguna sentencia mientras se encuentre en Europa pero tampoco podrá regresar a Ecuador debido a que el delito por el que fue condenado es imprescriptible. Además, Correa y Glas, quien está en prisión hace casi cuatro años, fueron inhabilitados para participar en política por 25 años.
La trama de corrupción fue descubierta inicialmente por una investigación periodística.
VOA/ICNDiario
