La Fiscalía Departamental de Chuy, en Uruguay, representada por el fiscal Andrés Moller, imputó el sábado 21 de agosto a dos hombres venezolanos y una mujer colombiana por asociación para delinquir y trata de personas con fines de explotación laboral.
El fiscal Moller solicitó como medida cautelar la prisión preventiva de los imputados por 180 días mientras continúa la investigación de los hechos, disponiendo la sede judicial 150 días.
“Surge de la presente investigación y relación de hechos que los imputados integran un grupo criminal organizado, donde éstos lo lideran o son un engranaje importante, con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana, hechos que encuadra en la descripción típica del artículo 78 y de la ley 18250 , siendo presuntos autores de un delito de Trata de Personas, agravado por regulado en el artículo 81 literal B) y E) ya que cinco de las víctimas son adolescentes, y que los agentes realizaban el ilícito como actividad habitual, delito el que concurre fuera de la reiteración con el de Asociación para delinquir regulado en los artículos 56 y 150 del Código Penal Uruguayo”, expresa el fiscal en la solicitud de formalización de la investigación.
El encargado de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, explicó al diario El País, que esas personas eran obligadas a salir a la calle a obtener donaciones para una supuesta organización protectora de animales.
Benech dijo que cada uno de los adolescentes recaudaba un promedio de $ 2.000 diarios y que se trata de una “organización piramidal, por lo que se intentará ubicar a los cabecillas” “Se trataba de una situación prácticamente de esclavitud”, señaló Benech al informativo Telemundo 12. Entre las víctimas se identificaron identificaron a 11 personas. Los explotados eran venezolanos y ecuatorianos, que están siendo atendidas por la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.
Los delincuentes tenían a los jóvenes en un hostel bajo un severo régimen de explotación, como relata la Fiscalía uruguaya: De la investigación se desprende que; “si las víctimas bajaban tarde de los dormitorios o no salían a tiempo a trabajar se les cobraba multas de entre $100 (cien pesos uruguayos), $150 (ciento cincuenta pesos uruguayos), en adelante”. Que existían en la organización reglas y acuerdos con los cuales se obligaban a cumplir y que de lo que recaudaban en el día se les daba aproximadamente un 20%, con lo que debían costear sus alojamientos, dado que básicamente las víctimas no manejaban dinero. Sumado a ello en ocasiones se retenían por parte de los imputados documentación de los migrantes.
También surge claramente que las víctimas se refieren a los imputados N y L como “madre” y “padre”, respectivamente. Reconociendo todos a C como la encargada de ellos y de la organización, existiendo una clara distribución de tareas y una asociación a efectos de cometer el ilícito referido.
La captación en el exterior
Según explica la Fiscalía, dichos migrantes, todos en condiciones de extrema vulnerabilidad, se encontraban alojados en el Hostel É de esta Ciudad (Chuy) y de la investigación se constató la maniobra que a continuación se detalla:
Una pareja a quienes se los identifica como “coordinadores” y conjuntamente con otro masculino, quienes resultaron ser los imputados L J N C (Venezolano), Na I C S (colombiana) y E J A G (venezolano ) habrían concurrido a la ciudad de Guayaquil – Ecuador, con la finalidad de captar jóvenes de contexto crítico los cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, entrevistándose A con éstos.
Ésta captación también la realizaban mediante un página de la red social Facebook. Posteriormente los trasladaron a nuestro territorio, reclutándolos para eludir los distintos controles fronterizos de más de cuatro países y mediante engaño les prometieron una propuesta laboral.
Pedirán expulsión de Uruguay, a delincuentes extranjeros
Por su parte el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, en declaraciones que recoge el diario El País, calificó de “barbaridad” la situación de semiesclavitud en la que vivían 11 venezolanos en Rocha y que dejó a tres individuos imputados por la Justicia por asociación para delinquir y trata de personas con fines de explotación laboral.
“El Uruguay abre sus puertas a gente para que venga a trabajar, con las mejores tradiciones del país, para que se asienten acá, y delinquen. Nosotros queremos tener una ley mucho más eficaz para que el que delinque se expulse del país. Expulsado. Con condena, naturalmente, por el señor juez”, dijo el ministro uruguayo.
Todos los detalles en la investigación de la Fiscalía
Dos hombres y una mujer imputados por trata de personas con fines de explotación Laboral by icndiario on Scribd
