El Consejo de la Unión Europea ha informado la determinación de sancionar a ocho dirigentes nicaragüenses dentro de los que se encuentra la esposa del presidente Daniel Ortega, la actual vicepresidenta del país, Rosario Murillo y su hijo, Juan Carlos Ortega Murillo. El bloque apunta con el dedo a los funcionarios por considerarlos responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en la nación centroamericana.
“El Consejo ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas más, entre ellas a la vicepresidenta Rosario Murillo, como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses”, ha informado el Consejo de la UE.
En este sentido ha especificado que entre las ocho personas, además, figuran el presidente de la Asamblea Nacional del país, Gustavo Porras Cortés; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República de Nicaragua, Alba Luz Ramos Vanegas.
Ante esto ha especificado que la medida incluye la prohibición de viajar y entrar al territorio de la UE o transitar por él, al tiempo de que los ciudadanos y las empresas del bloque están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
De esta forma la UE ha elevado a 14 los dirigentes sancionados de este país por considerarlos que atentan a los valores democráticos debido al uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición.
“La UE ha instado reiteradamente al Gobierno nicaragüense a que cumpla sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos. La UE también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un diálogo eficaz con la oposición sobre la adopción de reformas electorales como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua”, ha detallado.
