La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura de la expresidente Jeanine Añez a través de dos fiscales que procesan una denuncia de golpe contra los presuntos responsables de la interrupción democrática de 2019, de la que surgió la administración transitoria de Áñez. Pero la Fiscalía toleró que Evo Morales atentara contra la Constitución desconociendo el pronunciamiento popular del referéndum de febrero de 2016, que lo inhabilitaba para volver a ser candidato en 2019. Con su silencio terminaron siendo cómplices de un fraude.
A la fiscalía no le pareció ilegal que Morales, con jueces afines, instrumentara en forma fraudulenta la forma de anular el referéndum que el mismo pidió y que al perderlo se autoproclamó candidato, con sus magistrados afines, cuando no podía hacerlo.
Ahora la Fiscalía avanza contra Añez y sus ministros, como también debió hacerlo contra Morales y los jueces que violaron la Carta Magna para permitirle volver a ser candidato. Ningún juez puede anular un mandato popular surgido en las urnas en forma democrática.
Es lamentable que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, no recuerde este hecho, no hable sobre la anulación del referéndum y solo se refiera a un presunto golpe de Estado: “El hecho de que jefe de fuerzas militares le sugiera al presidente constitucional boliviano, Evo Morales, que era hora de renunciar, en mi opinión, técnicamente es un golpe de Estado, porque hay un hecho, un acto de insubordinación de un militar”, manifestó, en una entrevista con el canal de televisión internacional CNN. Asimismo, explicó que la posterior renuncia de Morales “fue indudablemente motivada y yo diría hasta coaccionada por la autoridad militar”.
El titular de la Human Rigths Watch dijo que lo sucedido en Bolivia debe ser investigado con todas las reglas del juego, con el respeto al debido proceso, transparencia y credibilidad, pero calla sobre el fraude de Morales.
El exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, aseguró este sábado que en Bolivia hubo un golpe de Estado y no una sucesión constitucional el 2019, como resultado de la convulsión por una falsa denuncia de fraude electoral que provocó la dimisión del entonces presidente Evo Morales. Es decir, no hay ahí el punto de partida, no tienen fundamento constitucional. No se podía, la Constitución no prevé esa posibilidad”, detalló, en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV. Tampoco habló de quien primero enrareció el clima electoral con el fraude de su postulación.
Las defensas de Añez
El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga escribió que se criminaliza la sucesión constitucional democrática con el arresto de Jeanine Ánez, quien –en su juicio- asumió el mando hace dos años después de un fraude, renuncia y fuga del presidente Evo Morales.
“Sucesión fue reconocida por @UN, @OEA_oficial, @UNIONEUROPEA y AmerLat; y avalada por Congreso, TCP, TSJ y elecciones (sic)”, se lee en una publicación en sus redes sociales
El líder del partido Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que por las aprehensiones “estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras”.
“Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El Poder Judicial y la Fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas”, sostuvo.
El líder de la agrupación política Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, expresó que “la oposición democrática del país denuncia como un acto dictatorial e intolerable la intención de detener a Jeanine Añez, que está protegida por la Constitución. “Que Arce aprenda de la experiencia del jefe de su partido: la Constitución se respeta sí o sí”, acotó.
El excívico de Santa Cruz que lideró las protestas de noviembre de 2019 que derivaron en el golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, envió una carta pública al presidente Luis Arce con la advertencia de que “la responsabilidad por lo que pueda pasar Bolivia está en sus manos, quiera o no quiera asumir públicamente su rol”.
