La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) de España, en información que publica en su web señaló que este viernes 11 nuevamente el gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio del Interior, ha vuelto a dar concesiones a los terroristas de ETA presos, trasladándolos a cárceles cercanas a sus domicilios, una medida que viene otorgando cada viernes.
AVT denuncia el pacto entre el gobierno de Sánchez con la formación política proetarra Bildu donde el presidente socialista consiguió el respaldo de la izquierda vasca para sacar adelante sus Presupuestos a cambio de concesiones a la banda criminal.
Impacto psicológico
AVT revela que el gobierno español ‘desconoce el impacto psicológico que estos acercamientos provocan en las víctimas del terrorismo’. Queremos recordar que, además de que cada semana en nuestro comunicado contra estos acercamientos reiteramos que nuestras psicólogas tienen la difícil tarea de comunicar estos traslados a las víctimas, y que estas reciben la noticia con sensación de: tristeza, abandono, injusticia y segunda victimización, llegando a necesitar hasta un 30% un seguimiento psicológico posterior, lo cierto es que la AVT cuenta con un detallado informe publicado sobre este asunto’.
AVT agrega: “Un informe que está disponible en nuestra página web desde hace ocho meses y que hemos hecho público en numerosas ocasiones. Invitamos al Ministerio del Interior a consultarlo, aunque mucho nos tememos que el acuerdo de presos por Presupuestos tiene que culminarse hasta el final, y poco o nada importa a cuantos se lleven por delante”.
Cartas de falso arrepentimiento
El colectivo de víctimas de ETA revela que “ha tenido conocimiento de la existencia de una estrategia orquestada por los abogados de los etarras para hacerles firmar cartas de falso arrepentimiento para así tramitar con el Ministerio del Interior su traslado a cárceles próximas al País Vasco. Esto no haría más que confirmar lo que venimos denunciando desde septiembre de 2018 que es la utilización de supuestos arrepentimientos de formulario para enmascarar lo que no es otra cosa que una cesión a una reivindicación histórica de ETA”.
Los presos beneficiados con traslados a prisiones en el País Vasco
En el día de hoy, son seis (dos de ellos con delitos de sangre) los presos beneficiados sin haber siquiera colaborado con la Justicia.
Estos son los presos etarras que serán acercados:
Jesús María Altable Echarte. Del Centro Penitenciario de Castellón I, al Centro Penitenciario de Soria. En el 2001 fue condenado a 27 años por su participación en el atentado que acabó con la vida de Luis Ollo Ochoa en 1984.
Ángel María Tellería Uriarte. Del Centro Penitenciario Madrid VII, Estremera, a la prisión de El Dueso, en Cantabria. Fue condenado en 2018 a 26 años por su participación en 1981 en el atentado que le costó la vida a María José García Sánchez. También fue condenado a 6 años por integración en banda armada y otros 10 años por depósito de armas.
Jon Mirena San Pedro Blanco. Del Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, al Centro Penitenciario de Dueñas-La Moraleja, en Palencia. Condenado a 50 años de cárcel por participar en un intento de atentado contra un policía que se produjo el 6 de junio de 1991 en Baracaldo (Vizcaya).
Jon Crespo Ortega. Del Centro Penitenciario Murcia II a la prisión de El Dueso, en Cantabria. En 2004 fue condenado a 5 años de prisión por delito de amenazas terroristas, por haber enviado el 17 de marzo de 2000 una carta amenazadora contra Ricardo Gutiérrez Solana, concejal del PP en Galdakao (Vizcaya) que fue distribuida entre todos los vecinos del edificio. En 2004 la Audiencia Nacional le condenó a cuatro años de prisión por incendiar el vehículo de un ertzaina en Galdakao, en mayo de 2001. En 2006 la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó una condena de dos años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional por un ataque, en compañía de otras personas, con cócteles molotov contra la fachada de la sede del diario “El Correo Español el Pueblo Vasco”, en Bilbao. En 2008 fue condenado a cinco años de prisión por diversos actos de violencia callejera, cometidos durante las fiestas patronales de Galdakao (Vizcaya) en el 2000, que utilizaron material explosivo e incendiario.
Jon Echeverría Oiarbide. Del Centro Penitenciario de Castellón II, al Centro Penitenciario de El Dueso, en Cantabria. Condenado en 2019 a 9 años de prisión por un delito de depósito de armas y explosivos por la furgoneta de ETA interceptada en 2017 en Óbidos (Portugal). Ha cumplido 3 años de condena del total de 9 a los que fue condenado.
José Carlos Apeztegía Jaca. Del Centro Penitenciario Ocaña I, en Toledo, a la prisión de Pamplona. Condenado en 2019 a la pena de cuatro años de prisión por un delito de integración en organización terrorista en relación a las actividades que estuvo haciendo para ETA mientras estaba cumpliendo condena. La primera vez que Apeztegia fue detenido, a principios de los noventa, también fue juzgado por un delito de pertenencia a ETA debido a su implicación en la red de extorsión de ETA y el cobro del llamado ‘impuesto revolucionario’. Tras ser condenado, cumplió la sentencia en prisiones de Andalucía y según la sentencia, reestableció sus “vínculos” con ETA a través de correspondencia. Ha cumplido 2 años del total de los 4 a los que fue condenado.
