Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas instaron al gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro a que frene las violaciones a los Derechos Humanos en el país, especialmente los ataques a las organizaciones de la sociedad civil que abogan por que se cumplan los derechos democráticos en el territorio, las cuales han sido perseguidas sistemáticamente por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Desde noviembre de 2020 Venezuela ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, y esto debe terminar”, dijeron.
En este sentido los relatores especiales de la ACNUDH suscribieron un dossier donde denuncian de forma enfática el control ejercido sobre estas organizaciones, al tiempo de destacar el rol que tienen estas agrupaciones como sustento para la democracia, la protección de los derechos humanos y su asistencia a las poblaciones vulnerables.
Ante esto explicó que dada la preocupante situación socioeconómica en la que se encuentra el país, que empeoró durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son más esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios básicos.
“Venezuela debe dejar de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil y dejar de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar el trabajo de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos”, señalan.
Por último los expertos abogaron por que la nueva Asamblea Nacional, elegida en el país hace unas semanas atrás, luego de un cuestionado proceso electoral y cuya toma de posesión está prevista para el 5 de enero de 2021, derogue la vigente legislación restrictiva, en particular la “Ley contra el odio” de 2017 que, según los expertos, ha sido utilizada para silenciar a los defensores de los derechos humanos y las voces críticas.
A su vez mostraron su preocupación por la “Ley contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo”, las que a su juicio, pueden ser utilizadas para limitar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
