El Tribunal Supremo del Reino Unido ha autorizado a los abogados del opositor venezolano, Juan Guaidó, a recurrir la sentencia de la corte de apelación sobre el acceso a las reservas de oro que están depositadas en el Banco de Inglaterra.
“Se ha concedido permiso para apelar en todos los puntos”, confirmó a Sputnik la portavoz de la corte de máxima jurisdicción del Reino Unido.
La sección central del litigio plantea si el Gobierno británico sigue reconociendo al presidente Nicolas Maduro como mandatario “de facto” desde que aceptó a Guaidó como “presidente interino” hasta la celebración de elecciones democráticas en el país sudamericano.
La corte de apelación remitió el caso al Tribunal Comercial con el fin de solicitar una aclaración de la Cancillería británica respecto a su posición respecto a Guaidó.
En una vista preliminar, que se está celebrando este jueves 10, los abogados del opositor venezolano han solicitado el aplazamiento del litigio hasta que el Supremo se pronuncie sobre el polémico caso.
El pasado 5 de octubre, tres jueces de Apelación fallaron en favor de la junta del Banco Central de Venezuela designada por el presidente Maduro y reclamó al bando opositor un pago provisional de 400.000 libras (casi 450.000 euros) en concepto de costas.
La sentencia del Tribunal de Apelación considera “concluyente” el reconocimiento de Guaidó como “presidente ‘de jure’ interino”, pero agrega que “sigue abierta la posibilidad” de que el Gobierno británico reconozca a Maduro como “presidente de hecho de Venezuela”.
Ahora, los abogados de la junta designada por Guaidó argumentarán ante el Supremo que dicha corte “se equivocó en su interpretación” de la ambivalente posición británica.
Por otra parte, la magistrada Sara Cockerill, que presidió la vista preliminar en la Corte Comercial, aceptó finalmente suspender las diligencias hasta que se pronuncie el Supremo.
La jueza dio la razón al representante legal de Guaidó, quien argumentó que las cuestiones en litigio son políticamente “delicadas” y tienen “ramificaciones constitucionales” que deberían abordarse directamente en el tribunal de máxima instancia.
“La suspensión es la vía correcta de proceder mientras esté pendiente la decisión del Supremo”, dictó Cockerill.
El Supremo rechazó, sin embargo, gestionar el caso con la extraordinaria celeridad con que ha avanzado hasta la fecha este pulso judicial por el control de los lingotes de oro venezolano, valorados en unos 2.000 millones de euros.
Se eliminó así la urgencia de llegar a una resolución definitiva y se reforzó la garantía de que “ninguna parte va a poner sus manos sobre el oro” en las próximas semanas o meses, según resaltó la jueza. (Sputnik)
