Según medios de prensa internacionales el Gobierno del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, dio curso a investigaciones contra varios exfuncionarios de su antecesora, Jeanine Áñez, acusados de corrupción o incluso de haber participado en la matanza de 37 personas durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Decenas huyeron de Bolivia, mientras otros ya fueron apresados.
Todo ha sido un caos, de un lado y del otro, pero lo que no se puede negar es que el germen del descontento que luego se tornó en violencia lo generó Evo Morales con sus mentiras y el descomunal fraude que creó al no acatar la decisión soberana del pueblo que en un referéndum convocado por el propio Morales, le dijo NO a sus intenciones de postularse a la presidencia por cuarta vez.
El referéndum constitucional de Bolivia de 2016 se realizó el domingo 21 de febrero de ese año. El objetivo de esta consulta a la ciudadanía (propuesta por Evo Morales), fue la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente y vicepresidente del Estado Boliviano postularse a ser reelectos. El “No” ganó con un total de 51% de los votos y Evo perdió el referéndum que él mismo había convocado.
La trampa de Evo
Desesperado Evo Morales por perpetuarse en el poder y en complicidad con el Tribunal Constitucional, integrado por magistrados nombrados por él mismo, se hizo preparar un decreto a su medida para desconocer el mandato popular de las urnas que le dijeron NO a una nueva postulación.
La Constitución boliviana establece que una persona no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos y que Morales perdió un referendo en 2016 en el que intentó anular esa limitación, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de ese país emitió un controversial fallo a favor de las intenciones del mandatario.
En conferencia de prensa, el magistrado del TCP Macario Cortez explicó que se decidió “declarar la aplicación preferente” de los “derechos políticos” por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces que una persona puede ser reelecta.
Y así el fraude quedó consumado y en este fallo, además, se declaró “inconstitucionales” a los artículos de las ley electoral boliviana que limitaban la cantidad de periodos continuos que puede tener cualquier autoridad boliviana elegida por voto popular, establecido en dos.
Su última postulación ya era ilegal antes de las elecciones y el nuevo presidente, Luis Arce lo sabe bien y esto lo convierte en cómplice del fraude.
Todo esto fue generando un rechazo entre los bolivianos que terminó en el descontento y la violencia que vino después. Todo esto lo inició Evo Morales.
