Los médicos de España celebraron este martes su primera huelga general de los últimos 25 años para denunciar el maltrato institucional durante la pandemia y solicitar la retirada del decreto del Gobierno que “militariza” la sanidad pública.
“Queremos denunciar el abandono, el descontento, la baja moral y el cansancio que tenemos ahora mismo. Estamos agotados y nos sentimos menospreciados”, relata a esta agencia Helena, una trabajadora del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Los paros se repetirán el último martes de cada mes hasta conseguir la eliminación del Real Decreto Ley 29/2020 que permite, entre otras cosas, contratar a personal de enfermería para ejercer como médicos u obligar a éstos a realizar actividades ajenas a su especialidad.
Del mismo modo, como medidas excepcionales ante la pandemia, el Real Decreto permite la contratación de personal con titulación obtenida fuera de la Unión Europea e incluso obligar a la movilidad forzosa de los sanitarios para ocupar plazas allá donde sea necesario.
“Este decreto militariza la sanidad pública. Hace que se nos pueda mandar de un sitio a otro en función de las necesidades para ir cubriendo con parches las deficiencias que tiene el sistema en lugar de arreglarlas con una mayor inversión”, explica Sergio Casabona, del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Según alertan las asociaciones de profesionales, este decreto no sólo genera una presión extra en unas plantillas que se encuentran “al límite” desde hace meses, sino que además provocará un descenso de la calidad de la atención al paciente.
“Lo que pretende este decreto es bajar la capacitación de los personales que se contratan. Esto repercute en la calidad de la atención que se ofrece al paciente”, apunta Sheila Justo, portavoz de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS).
Todo esto –prosigue la portavoz– instala “la percepción de que vamos a ir a peor en los próximos meses, porque ya tenemos unos profesionales agotados hasta el límite, con incluso algunos casos de renuncias, pero no se refuerzan las plantillas de forma adecuada”.
“Ya avisamos en mayo que había que planificar los recursos humanos. Cuando pasó la primera ola del virus solicitamos la renovación de todos los residentes que terminaban como especialistas para prepararnos ante la siguiente ola, pero perdimos a la mitad de esos profesionales y ahora lo que se hace es bajar la capacitación”, concluye.
PROTESTA SIMBÓLICA
Detrás de los paros nacionales se encuentra la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En Madrid estos coinciden con las movilizaciones organizadas a nivel regional por AMYTS para denunciar también el maltrato de las autoridades autonómicas.
Los actos de protesta convocados este martes por los sindicatos son un reflejo de las dificultades a las que se enfrenta el colectivo médico para hacerse escuchar.
La huelga contempla paros de sólo una jornada al mes para no generar una mayor presión asistencial al mismo tiempo que se topa con unos servicios mínimos que reducen su impacto a la mínima expresión ya sea formalmente o por vías indirectas.
“La huelga está siendo directamente boicoteada. Por ejemplo, en mi servicio se supone que hay unos servicios mínimos del 50 por ciento, pero a última hora se reorganizan las plantillas para que a la mayoría le resulte imposible parar”, apunta Helena, y agrega que “los médicos somos más conscientes que nadie de la situación que pandemia que vivimos y por eso las protestas se hacen un día al mes. Es algo meramente simbólico que ni siquiera nos están permitiendo hacer”, añade la trabajadora del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
A todo esto se añade la imposibilidad de hacer presión en las calles. Uno de los actos centrales de protesta estaba convocado este martes frente al Congreso de los Diputados en Madrid, pero con la imposición de no sobrepasar un aforo máximo de 20 personas.
“Obviamente acatamos las medidas para limitar los contagios, pero se nos limita mucho la protesta, sobre todo cuando tenemos unos servicios mínimos abusivos”, lamenta Casabona.
SIN INTERLOCUCIÓN
Con unas herramientas de presión castradas, el antídoto a esas limitaciones podría estar en una buena interlocución con las autoridades, pero esa circunstancia tampoco se da.
Gabriel del Pozo, secretario general de CESM, explicó este martes ante las puertas del Congreso que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se negó a recibir a los médicos para discutir la situación, empujando al sector a una huelga “que nadie quiere y nadie sabe lo que durará”. (Sputnik)
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