El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que el Ejecutivo acatará el reciente fallo entregado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en referencia al plan de reactivación de la economía que tiene dispuesto el gobierno central a fin de contener los efectos del Covid-19 en el país, asegurando que la medida adoptada le quita facultades al Ejecutivo para implementar acciones para contrarrestar al coronavirus, al tiempo que merma la posibilidad de impulsar la economía.
La polémica se da luego de que el viernes pasado la instancia judicial determinara que la medida del Ejecutivo no cuenta con la aprobación de la Asamblea Legislativa y limita derechos establecidos en la carta magna, por lo que frenó la idea del Mandatario de poder reanudar la economía.
“Este Gobierno acatará esta sentencia, aunque sea injusta y vaya contra la vida de los salvadoreños, la historia los juzgará. Nosotros no vamos a crear una crisis constitucional (…) a pesar de estas sentencias, nosotros vamos a continuar luchando contra la pandemia con lo poco que tengamos”, expresó.
En este sentido el Jefe de Estado criticó a la Corte Suprema de Justicia asegurando que responde a los intereses de los partidos, al tiempo de actuar de forma diligente cuando tiene que declarar inconstitucionalidades para el Gobierno. A su vez fue enfático en señalar que la Constitución prevé la declaratoria de emergencia por el Ejecutivo cuando la Asamblea Legislativa no estuviese reunida.
“Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quieren que vayamos a negociar nuevas leyes con sus jefes; los diputados que ahí los pusieron, pero lo que no entienden es qué legislación existe y el poder lo tiene el Ejecutivo”, dijo, agregando “si en este momento hay un terremoto nosotros debemos actuar ya, no esperar a que los diputados discutan por días si hay o no emergencia”.
Por último afirmó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha quitado al Ejecutivo el poder de regular la reapertura económica, situación que no se da en ninguna parte del mundo.
“En todos los países la legislación permite que los gobiernos actúen frente a una emergencia, imagínense que por cada una los países deban ir a discutir 10 días si hay una emergencia o no. Ellos se escudan en decir que nuestra Constitución es especial”, expresó.
