En los últimos tiempos la enorme cantidad de inmigrantes dominicanos, cubanos y venezolanos, entre otras nacionalidades, que han llegado en forma masiva a Uruguay, han provocado un problema social que preocupa a las autoridades.
Más allá de la solidaridad que debe imperar en estos casos, tratando de ayudar a la instalación en el país de estas personas, no todo es color de rosa. El tema de la vivienda es una situación compleja que ocasiona problemas, porque los inmigrantes que llegan al país, lo hacen en busca de una vida mejor para sus familias, pero no es fácil encontrar trabajo y arriban al país en precarias condiciones económicas.
Esto dificulta el acceso a una vivienda digna, sin garantías y sin un trabajo que le otorgue el aval para alquilar, los inmigrantes ocupan casas y luego los dueños legítimos los desalojan a través de la Justicia.
Pero hay casos donde se llega a situaciones límite, como el que relataremos a continuación.
Una antigua casa ubicada en la calle Rincón 743 en la Ciudad Vieja, fue tomada por inmigrantes que entraron por la fuerza violentando la puerta de acceso. Es de destacar que dicha vivienda estaba ya vendida y se trabajaba en su refacción; no se encontraba en situación de abandono.
La versión real se conoció luego de las actuaciones policiales ordenadas por la Fiscalía ya que el Dr. Juan Ceretta del Consultorio Jurídico y Litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, había señalado que los inmigrantes habían sido estafados y que pagaban 7.000 pesos uruguayos por habitación, aunque la entrada de todos con sus efectos personales se produjo como explicamos líneas arriba, violentando y rompiendo la puerta de acceso a la finca. Por lo tanto quedaría desvirtuado el pago de un alquiler.
En el momento de la toma de la finca un registro gráfico muestra a uno de los presuntos ocupantes, intentado conectar el pase de agua.
El fiscal actuante ante la denuncia de los propietarios hizo citar a la comisaría 1ª de la Ciudad Vieja a los intrusos, quienes no se presentaron, pero luego fueron detenidos respetando en forma total sus derechos, con una actuación correcta de los uniformados.
El fiscal dispuso el cese de la detención de los usurpadores y otorgó un plazo de 10 días para el desalojo de los ocupantes y la entrega inmediata de la vivienda a su propietario.
Sobre la denuncia de un presunto pago por alquiler no hay mención alguna en la resolución del fiscal actuante.
