En los últimos años Uruguay ha padecido un espeluznante incremento en temas de delito mientras la delincuencia campea a sus anchas con cifras alarmantes de homicidios y rapiñas.
La Articulación Nacional “No a la reforma”, que hizo una campaña para que no se aprobara la reforma constitucional conocida como “Vivir sin miedo”, se expresó este martes a propósito del anteproyecto de ley de urgente consideración del próximo gobierno que asumirá el 1º de marzo.
Mientras la sociedad es víctima de los delincuentes, los anti reforma parece que nada les viene bien y vuelven a poner “palos en la rueda”, en lo que a seguridad pública se refiere.
Los miembros de este colectivo adoptaron un eslogan para rechazar esa reforma en 2019: “El miedo no es la forma”, pero irónicamente ese miedo es la forma que emplean los delincuentes para atacar a una población que vive acosada por una serie inacabable de delitos.
Ahora, esta plataforma vuelve a la carga señalando en un comunicado que “El amplio movimiento social de nuestro país evitó la aprobación de un proyecto regresivo en derechos humanos y que hubiese aumentado radicalmente la violencia en nuestra sociedad. Pero es importante no ser ingenuos, lo que pasó el 27 de octubre no empezó ni terminó nada”, aseguraron.
Al referirse a las tasas del crimen expresan: “el consenso punitivo y represivo de la mayoría del sistema político continúa siendo la única alternativa” para mejorar la situación. “Por eso observamos con gran preocupación las propuestas en materia de seguridad del nuevo gobierno (que todavía no asumió) que, en lugar de innovar, son más de lo mismo y buscan profundizar radicalmente este esquema ya fallido”, explican.
Lo que llama la atención es que nada dicen de los muertos por la delincuencia, que ya son cientos y que medidas radicales son necesarias y que con palabras bonitas no se da solución al grave flagelo.
Marchan para impedir reformas en la seguridad, que hoy no existe, pero no manifiestan por los caídos en manos de los asesinos; realmente muy contradictorio.
Los integrantes de este colectivo expresan: “El anteproyecto de ley de urgente consideración plantea el inminente recorte de derechos y garantías civiles, ignorando la voluntad popular que ha rechazado profundizar el esquema punitivo-represivo en los plebiscitos de 2014 y 2019”, dicen en referencia a los plebiscitos para bajar la edad de imputabilidad y el segundo que proponía la prisión perpetua revisable y la creación de una Guardia Nacional militarizada como ya existe en España la centenaria Guardia Civil, entre otros países, dedicada junto a la policía a la seguridad pública.
¿De qué derechos civiles y garantías civiles recortadas hablan, cuando la sociedad en su conjunto tiene sus derechos a vivir en paz cercenados por una delincuencia que manda en las calles?.
Lamentable percepción, muy lamentable.
