El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) instó a las autoridades parlamentarias de El Salvador a no acelerar las votaciones para aprobar un préstamo de 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a financiar la tercera parte de un plan de seguridad contra las pandillas.
El polémico préstamo mantiene enfrentadas a las autoridades del gobierno del presidente Nayib Bukeke y diversos sectores parlamentarios, quienes se han visto presionados por el Ejecutivo para sacar adelante esta iniciativa acusando al Mandatario de querer transgredir la independencia de los Órganos del Estado.
La IDHUCA hizo saber su parecer en este tema por medio de una carta a la Comisión de Hacienda, de la Asamblea Legislativa, solicitando que se tome el debido tiempo para analizar y discutir el préstamo para seguridad.
Instamos a que “no se precipite en la autorización para la suscripción del préstamo, sino que antes lo analicen y discutan adecuadamente” debido a que “el contexto y el alcance del préstamo podrían generar dinámicas de inestabilidad político-democrática o violatorias de los Derechos Humanos, inclusive, en el mediano y corto plazo”, asegura la misiva.
En esta línea la institución argumentó su postura en la necesidad de reforzar los controles democráticos sobre la policía y los militares, para que no vuelva a ocurrir un 9-F, cuando el Mandatario ordenó hacer ingresar a miembros de la policía y del ejército a la Asamblea Legislativa con el objetivo de presionar a los parlamentarios.
A su vez explica que se debe legislar de forma adecuada y suficiente, el uso de la tecnología que se le compraría a los cuerpos de seguridad como cámaras, drones, reconocimiento facial, entre otras, para evitar vulneraciones a la privacidad, intimidad, libertad de expresión.
Por último subrayó que se debe aclarar las cuestionables relaciones del Órgano Ejecutivo con algunas empresas o empresarios que venden insumos de seguridad, para prevenir conflictos de intereses, actos antiéticos y hechos punibles que pudieran relacionarse con corrupción.
