El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera Neumann destacó las recientes declaraciones emitidas por la cancillería boliviana en relación a los derechos de agua del Río Silala, donde se dejó claro que la ex administración del Ejecutivo de Bolivia, encabezada por Evo Morales en sus actuados procesales (Contramemoria) admitió que una parte de las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia Chile.
Este reconocimiento fue muy bien recibido por las autoridades chilenas en su afán de seguir dando pasos para finiquitar este conflicto y lograr un alto el fuego permanente, ya que desde un principio han refrendado la idea de que las aguas del Silala fluyen de manera natural hacia territorio chileno y que son aguas internacionales, a diferencia de lo que argumentaba Morales en primera instancia. Esta situación fue respaldada y declarada por la nación austral en el litigio que mantienen ambos países ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
“Cancillería boliviana reconoció que en la disputa del río Silala el gobierno de Evo Morales acogió la tesis chilena que se trata de un río internacional cuyas aguas fluyen naturalmente a Chile”, afirmó Ribera Neumann.
En este sentido el representante del gobierno chileno expresó que la postura adoptada por las autoridades bolivianas en esta materia, representan para Chile “una muy buena noticia”, ya que se reconoce que no hay controversia en el marco central del conflicto.
“Esto significa que no existe materia controvertida en este punto central de la demanda (…) Para Chile es una muy buena noticia”, indicó.
La actual postura boliviana contradice la tesis del propio país altiplánico, que acusa a Chile de desviar de manera artificial el curso hídrico del río, por lo que diversos representantes del Movimiento al Socialismo –MAS, bloque político encabezado por Evo Morales, sintieron el golpe de la noticia y criticaron el actuar del gobierno de Jeanine Àñez el cual lo tienen bajo la lupa, asegurando que es “pro chileno”, además de hacer un uso electoralista de una cuestión que se considera asunto de Estado en Bolivia.
