La Fiscalía de Chile informó que 25.505 personas han sido llevadas a Audiencias de Control de Detención (ACD), por diversos delitos, desde que se iniciaron las manifestaciones sociales en el país, el pasado 18 de octubre y el 15 de noviembre, de las cuales 17.434 personas han sido formalizadas por delitos como saqueos, lesiones y desórdenes, entre otros.
De acuerdo al análisis divulgado por la Gerencia de Estudios del Ministerio Público, se informó que el 88% de los imputados pasados a audiencias de control de detención fueron detenidos en flagrancia. De igual forma trascendió que el número de formalizados creció 72% entre estas fechas, respecto de igual periodo de 2018.
Entre el total de formalizados, la Fiscalía pidió y logró 1.431 prisiones preventivas, en tanto que en otros 15.481 casos se decretó prohibición de asistir a determinados lugares, de acercarse a la víctima, y de salir del territorio nacional, entre otras disposiciones dictadas por los tribunales de justicia.
En este sentido se especificó que el robo en lugar no habitado, conocido comúnmente como saqueo, es el principal delito registrado en el período registrado ya que creció en 213% con 2.236 personas pasadas a audiencias de control de detención. Le siguen las lesiones menos graves, con 2.001 detenidos; las amenazas simples contra personas y propiedades, con 1.798 ACD; y los desórdenes públicos, con 1.699 imputados.
4 veces más querellas por violencia sexual
Por otra parte el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, entregó un balance de las observaciones que ha realizado el Instituto desde el comienzo de las manifestaciones sociales y aseguró que “en este mes se han presentado 74 querellas por violencia sexual, cuatro veces que en nueve años y casi el doble de querellas por otras torturas”.
En este contexto el Instituto constató acciones reiteradas como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes y un uso indiscriminado de la fuerza policial en contra de manifestantes pacíficos.
“Un grave problema advertido por el INDH son los desnudamientos en comisarías, que desde marzo de 2019 habían sido prohibidos en recintos policiales en los protocolos de carabineros. Pero estos han continuado efectuándose”, explicó Micco.