PP presenta recurso ante Tribunal Constitucional en contra de la Ley vasca de víctimas de abusos policiales

En esta línea el portavoz Popular Ignacio Cosidó argumentó que esta ley que reconoce las víctimas de abusos policiales cometidos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999 supone un insulto y una infamia al trabajo de la policía además una ofensa hacia todas las víctimas

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El portavoz del GPP en el Senado, Ignacio Cosidó

Representantes del Partido Popular en el Senado presentaron este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la llamada ley vasca de víctimas de abusos policiales, ya que a su juicio la normativa “equipara víctimas con verdugos”, al tiempo de poner en tela de juicio la labor de las  Fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha contra el terrorismo.

En esta línea  el portavoz Popular, Ignacio Cosidó argumentó que esta ley, que reconoce las víctimas de abusos policiales cometidos en  el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, supone un insulto y una infamia al trabajo de la policía, además una ofensa hacia todas las víctimas.

“De los casi 900 víctimas asesinadas por ETA, cientos eran Policías o Guardias Civiles. Esta Ley equipara víctimas con verdugos y supone un insulto y una infamia al trabajo de la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo, además de una ofensa hacia todas las víctimas. Las Fuerzas de Seguridad del Estado se dejan la vida para protegernos; tienen la admiración y gratitud de toda la sociedad, y merecen el reconocimiento y el respeto de todas las fuerzas políticas”, aseguró.

En este contexto los populares consideran que la Ley vasca de víctimas de abusos policiales 5/2019  “vulnera el principio de Estado de Derecho y del sometimiento de los poderes públicos a la Constitución”, así como,  al resto del ordenamiento jurídico.

“La Ley acusa al Estado de Derecho de que existen víctimas que no han sido ni reconocidas, ni reparadas, lo que justifica, según dicha ley, que una Comisión dirigida por el Gobierno Vasco, se convierta en una Comisión especial de la verdad, que reconozca y repare las vulneraciones de derechos humanos que se hubieran producido en un contexto de motivación política”, dijo el portavoz Popular.

Según el recurso presentado, este planteamiento de la Ley “supone la afirmación abierta de que España no es un Estado de Derecho –art.1 de la Constitución-, y que los poderes públicos en España no están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico –art.9 CE.