La Contraloría General del Estado del Ecuador, reveló que Julian Assange tenía una línea directa de comunicación con la Presidencia de Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa. Además, los auditores descubrieron un supuesto incumplimiento de protocolos de limpieza, seguridad, visitas y habitabilidad, durante los años que el activista estuvo asilado en la representación diplomática ecuatoriana en Londres.
El diario El Telégrafo, informó que la Contraloría detectó anomalías en el proceso que le otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Assange. La ley exige al peticionario tener por lo menos cinco años de residir en el país. También cuestiona su asilo y los gastos de su estadía en Londres.
En el primer informe preliminar se detectó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplió con los procedimientos obligatorios para emitir la naturalización. Assange solicitó este beneficio diplomático en septiembre de 2017, cuando había cumplido más de cinco años como asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres. Entre las observaciones más importantes están: que no se cumplió con la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Además, existían inconsistencias como el pasaporte del australiano y su firma no coincidía con la rúbrica que emitía en actos públicos. También presentó un documento como refugiado, pero su condición era de asilado.
Otro punto cuestionado por los auditores de Contraloría fue su convivencia en la Embajada. El segundo informe del organismo sostuvo que Ecuador gastó $ 795.372 entre enero de 2012 y septiembre de 2018.
El equipo de Assange estaba compuesto de 17 personas que entraban y salían de la Embajada sin restricción, hacían fiestas y pernoctaban en la sede nacional. Assange ocupaba las mejores instalaciones. Cuatro cuartos eran para su uso y se pretendía que Ecuador rentara un departamento más. El informe recalca que los conflictos con los funcionarios ecuatorianos eran recurrentes por su “descortesía, mala educación y prepotencia”. Incluso, llegaron a pedir un seguro de vida por la poca higiene del hacker. Este informe es de la época en que Juan Falconí era embajador en Londres. Él asistió este lunes 20 de mayo a la Contraloría y sostuvo que el australiano, con “actitud beligerante”, se negó a firmar un protocolo de convivencia.
