El parlamento de Uruguay debe iniciar esta semana la discusión sobre el proyecto de ley que crea condiciones para la implementación de una política antiterrorista.
La el proyecto, enviado a los diputados y senadores en 2016, está en la Comisión de Asuntos Internacionales, que comenzará a discutir la cuestión este martes (23).
A pesar de que la legislación uruguaya cuenta con algunas normativas contra el terrorismo y la financiación de la práctica criminal, todavía hay puntos, según el documento, que hay que prever.
El proyecto busca atender directrices del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (CAT) y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El documento afirma que los grupos terroristas “van modificando sus métodos de organización y funcionamiento, intentando aprovechar las debilidades del Estado y recurriendo a las tecnologías de información modernas para aumentar el impacto de sus atentados. Estos grupos aprovechan la existencia de zonas que escapan del control de las autoridades públicas, utilizando “refugios seguros” para organizarse, entrenar y preparar ataques, tanto en el Estado en que se encuentran como en otras partes del mundo “.
De acuerdo con el texto, es necesario hacer frente a las condiciones que propician la propagación del terrorismo, su financiación y la proliferación de armas de destrucción masiva. La discusión en el Parlamento uruguayo se produce dos días después de un prestando atención en Sri Lanka, que dejó más de 290 muertos .
El proyecto de ley tiene once capítulos y trata, entre otros temas, de distintos delitos, como financiamiento del terrorismo, reclutamiento, incitación y falsificación de documentos.
Sanciones
El texto aborda también la compatibilidad de la actividad antiterrorista con el Derecho Internacional Público; la aplicación de sanciones a personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas; sanciones financieras relativas a la prevención y represión del terrorismo y la financiación de la actividad; técnicas especiales de investigación; reparación para las víctimas y sistema de protección a testigos.
Entre los crímenes descritos en el proyecto están, por ejemplo, poner en peligro la libertad de las personas; causar muerte o lesiones graves o muy graves; causar serios daños al medio ambiente y / o bienes públicos o privados; fabricación, posesión o uso de material radiactivo; y poner en peligro la seguridad de aeronaves o buques, o de personas o bienes a bordo.
Varios países de Europa, los EE.UU., Argentina y Brasil , por ejemplo, ya se están adoptando leyes contra el terrorismo.
En Uruguay, la propuesta parece no generar tanta polémica entre los parlamentarios como ocurrió en Brasil, donde organizaciones de la sociedad civil pidieron el veto del proyecto. El argumento era que la ley podría criminalizar movimientos sociales y manifestaciones populares.
Sin embargo, por tratarse de año electoral en Uruguay, los analistas estiman que tal vez no sea el momento más propicio para la apreciación de una propuesta tan robusta.
Agencia Brasil
