El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes la primera medida de la legislatura: el proyecto de ley que determina el cumplimiento inmediato por el país de sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) el terrorismo, principalmente el bloqueo de activos. El texto sigue para el análisis del Senado.
En el año pasado, el PL 10431/18 tiene como objetivo la prevención y la lucha contra el terrorismo, incluyendo el lavado de dinero y la financiación de actos o grupos terroristas.
Para que fuera aprobado, el relator del texto, diputado Efraim Filho (DEM-PB), retiró fragmentos del proyecto considerados “ofensivos a la soberanía nacional” por parlamentarios de la oposición. El proyecto prevé el bloqueo inmediato de bienes de empresas y de personas asociadas al terrorismo y también la proliferación de armas de destrucción masiva.
Actualmente, la legislación brasileña ya prevé el bloqueo de bienes, que es determinado por medio de autorización judicial, lo que según la ONU, deja el proceso demorado. El nuevo dispositivo prevé que el bloqueo sea homologado por el Ejecutivo.
El relator también excluyó del texto dos dispositivos que daban al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Relaciones Exteriores la prerrogativa de decidir cuál brasileño podría tener su nombre incluido en lista del Consejo de Seguridad de la ONU sin previa orden judicial destinada a indicar activos pasibles de bloqueo por acusación de participación en actos de terrorismo o su financiación.
La recomendación para la medida vino del Grupo de Acción Financiera (Gafi), que reúne a 35 países. En 2010, el grupo apuntó deficiencias en la legislación brasileña y las medidas necesarias para la corrección. Varios aspectos legales se resolvieron, excepto la legislación sobre el bloqueo de bienes. Como ya se ha advertido, el país puede sufrir sanciones de la ONU si no revisa la ley.
El presidente de la Cámara, el diputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), descartó que la medida se trate de criminalización de movimientos sociales, pero de “sanciones de la ONU, a la que Brasil es signatario”. “La ONU nunca va a criminalizar el movimiento social, porque no tienen ni esa fuerza desde el punto de vista jurídico en nuestro país”, dijo.
Agencia Brasil.-
