El Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab instó a las autoridades mexicanas a ser más estrictos y tener mayor rigurosidad en la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a fin de aprovechar todo su potencial “transformador y de esperanza”.
Las declaraciones las realizó el representante del organismo internacional ya que tras cumplirse el primer aniversario de la entrada en vigor de la legislación, la instancia no ha logrado frenar las desapariciones forzadas en el país, al tiempo de que los progresos llevados a cabo en búsquedas e investigaciones son “mínimos”.
“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar. Los compromisos expresados por altos funcionarios del actual gobierno federal resultan alentadores. Es necesario garantizar que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato estatal. Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, dijo.
Ante esto argumentó que pese a los progresos existentes en el establecimiento de las instituciones previstas en la ley, tanto a nivel federal como en algunos Estados, persisten muchas limitaciones de su eficacia.
“Debe pasar de lo meramente formal a una implementación real que aproveche plenamente su potencial transformador y de esperanza”, apunta la ONU.
El representante de la ONU recordó que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de responder a las más de 37 mil personas desaparecidas en México en el marco del combate al crimen organizado, por lo que existe la necesidad de instaurar “medidas efectivas” que garanticen la seguridad de los civiles e impidan la continuidad de las desapariciones.
Por otra parte el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) destacó los grandes retos y pendientes que no permiten la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, expresando la necesidad de garantizar la participación de las familias de manera plena y adecuada en las acciones de implementación de la Ley.
Además exigen poner en operación el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que los Estados pongan en marcha sus registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas y lograr la coordinación e intercambio de información entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda, como las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas para buscar e investigar (nacionales y locales).
