Nicaragua vive desde el 19 de abril una insurrección cívica. Desde esa fecha la rebelión ciudadana contra del régimen de Daniel Ortega se ha expandido desde las protestas estudiantiles en la capital, a todo el país y a todos los sectores sociales de manera transversal. El estallido, como se sabe, fueron las protestas contra las reformas a la seguridad social. La reacción violenta del régimen radicalizó prontamente las demandas, que hoy exigen de forma unánime e inequívoca la salida de los Ortega-Murillo del poder.
Lo que hoy se vive en Nicaragua, no es más que la manifestación plena de la contradicción fundamental sobre la que ha girado la vida política en el país en los últimos once años y que incubada desde el 2007, fue madurando gradualmente. Se trata del conflicto entre el proyecto autoritario, dinástico y corrupto de Daniel Ortega y un amplio y diverso espectro nacional en lo social y en lo económico, políticamente plural, que lo ha rechaza y reivindica la necesidad de la democracia.
La reacción del orteguismo ante las protestas de abril y su posterior evolución, ha desnudado su naturaleza déspota y genocida. A la fecha, de acuerdo con los organismos de Derechos Humanos, el número de víctimas de la represión es de 287 muertos, 1,500 heridos y 156 desaparecidos. Entre las víctimas mortales se incluyen una veintena de menores de edad.
Los grupos paramilitares, organizados y financiados por el gobierno, y que actúan
-además- con protección policial, son el principal instrumento represor. Si bien su disolución fue una de las demandas planteadas desde la instalación del Diálogo Nacional el pasado 16 de mayo, el régimen ha hecho caso omiso de ello.
A la par del drama humano que significa la masacre más grande en la historia de Nicaragua en tiempos de paz, hay que sumar las consecuencias económicas de la crisis.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), prestigiado centro de pensamiento privado, proyecta que este año, como resultado de la crisis, el país registrará pérdidas de al menos entre 640 y 1,400 millones de dólares y que el Producto Interno Bruto (PIB) caerá entre 0.03 y 5.6 por ciento. En los últimos dos meses 215 mil personas han perdido sus puestos de trabajo, principalmente en los sectores el turismo, el comercio y la construcción. Las consecuencias en el sector informal de la economía son devastadoras, aunque por su propia naturaleza se carezca de estadísticas.
Las consecuencias sociales de estos hechos, son de suma gravedad en una sociedad, que a pesar de haber presentado en los últimos años cifras macroeconómicas estables, es muy vulnerable en lo social, altamente dependiente de las remesas del exterior y con una altísimo componente de informalidad.
La situación ya ha empezado a afectar el comercio centroamericano, en tanto Nicaragua es paso obligado del transporte terrestre de mercancías en la región.
Las derivaciones de esta crisis política y económica hacia una crisis humanitaria son inminentes y ya empieza a tener consecuencias en los países vecinos, particularmente en Costa Rica, hacia donde la migración, legal e ilegal, se ha disparado en las últimas semanas. Las solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica pasaron de 84 en mayo a 2.619 en junio.
En el seno del Diálogo Nacional, que se desarrolla con el papel mediador de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Ortega y sus delegados no han respondido a las demandas sustantivas de la población. Han accedido a la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de delegados del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, solo en la medida que la presión ciudadana se los ha impuesto.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia –que reúne a los estudiantes universitarios, empresarios, campesinos y representantes de la sociedad civil que participan en el Diálogo Nacional–, haciéndose eco de la demanda nacional, ha sostenido desde un inicio que la renuncia de Ortega y Murillo y la convocatoria anticipada de las elecciones, mediando las correspondientes reformas legales en el marco constitucional son, como conjunto, las únicas respuestas que permitirán superar la actual crisis y el re establecimiento de la paz social.
El régimen de Ortega se sostiene por los recursos financieros y materiales, que aunque menguados, tiene a su disposición, por el control directo y personal que ejerce sobre el aparato policial y sobre todo porque los grupos paramilitares que ha constituido y armado han desatado una verdadera orgía de sangre, que no ha logrado, sin embargo, derrotar la movilización cívica.
El aislamiento nacional y la erosión de su base social, son evidentes. La ruptura desde abril pasado de la alianza del gobierno con el gran capital, es uno de los componentes más relevantes de la crisis. Las bases populares que antes poseyó, sustentadas en el clientelismo político, están severamente reducidas. Una encuesta de la empresa CID Gallup realizada a finales de mayo, registró un 70 % de rechazo al régimen de Ortega.
En el plano internacional la situación no es muy diferente. El respaldo de la OEA al Informe de la CIDH, el pronunciamiento del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, las críticas y la clara toma de distancia de aliados tradicionales del orteguismo, como la Internacional Socialista y Podemos de España, así como el rechazo unánime de las fuerzas democráticas, revelan su aislamiento.
En ese contexto, las fuerzas políticas aglutinadas en el Frente Amplio por la Democracia, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, apostamos por continuar la resistencia y la movilización cívica para lograr la renuncia de Ortega, el adelanto de las elecciones y las reformas legales pertinentes. Cualquier otro camino equivale a una prolongación de la crisis con sus consecuente costos humanos y materiales y a la ingobernabilidad de Nicaragua.
MRS Movimiento Renovador Sandinista
