La Fundación Bertelsmann de Alemania, en el Indice de Transformación BTI 2018, señala sobre Nicaragua que “Durante el período bajo revisión, el gobierno de Ortega reforzó su control sobre el sistema político y económico. Las elecciones nacionales de 2016 estuvieron marcadas por usurpaciones del gobierno, lo que llevó a Nicaragua a recategorizar una autocracia electoral. El tercer gobierno de Ortega (2012-2017) y el comienzo de su cuarto (2017-presente) se caracterizaron por la continuidad de las políticas macroeconómicas neoliberales, la hegemonía sandinista y la continuación de los grandes programas sociales para reducir la pobreza (que caracterizaron al segundo la mitad del tercer mandato de Ortega). La politización continua de la administración pública, el sistema de justicia y el Tribunal Supremo Electoral, así como el uso discrecional de los recursos públicos para apoyar al partido gobernante se profundizaron durante el período bajo revisión”.
Obras inconclusas
El informe expresa: “La reducción de la ayuda venezolana a Nicaragua ha motivado al gobierno nicaragüense a encontrar nuevos aliados, como la empresa china Hong Kong Nicaragua Canal Development Group (HKND), y reforzar su alianza con el gobierno ruso. Un hito importante fue el lanzamiento del proyecto Gran Canal, un canal interoceánico destinado a atravesar el lago Cocibolca. En junio de 2013, el Congreso Nacional votó por una concesión de 50 años (una vez renovable) para HKND para construir un canal interoceánico nicaragüense como alternativa al Canal de Panamá. Se suponía que la construcción del canal comenzaría en diciembre de 2014. Sin embargo, aún no se ha construido nada. La concesionaria china ha perdido la mayor parte de su fortuna y el gobierno de Ortega no ha podido encontrar otro inversor”.
El régimen dinástico de Ortega-Murillo
El documento analiza que “A nivel político, Nicaragua continúa dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El control total del FSLN del Tribunal Supremo Electoral permitió al gobierno de Ortega controlar el proceso electoral de 2016 y limitar el pluralismo político. El principal partido de oposición, el PLI, fue saboteado semanas antes de la votación de 2016. En consecuencia, el partido sandinista se ha convertido en el actor político hegemónico, controlado de cerca por la pareja presidencial, el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, vicepresidente desde enero de 2017. Esta concentración de poder fue facilitada por las reformas constitucionales de 2014, que permitieron a Ortega para las elecciones presidenciales de 2016 y posteriores, permitiendo un posible régimen dinástico de Ortega-Murillo. El sistema político se ha aproximado al “autoritarismo electoral” con muy pocos contrapesos en la esfera política”.
Los derechos constitucionales cercenados
Más adelante el informe destaca que “La constitución garantiza el derecho a la asociación política, así como a otros derechos y libertades individuales y colectivos. Sin embargo, según el informe de 2015 de la asociación de derechos humanos CENIDH, las libertades de asociación y reunión se han restringido cada vez más durante la última década, con un aumento de la represión estatal en respuesta a las demandas de los ciudadanos. Desde 2011, el gobierno sandinista ha utilizado la violencia en repetidas ocasiones contra grupos de la sociedad civil. En 2015, la violencia gubernamental fue dirigida contra los mineros de El Limón afectados por la Insuficiencia Renal Crónica (IRS), quienes exigían una intervención del estado, o campesinos de la región del Pacífico Sur, que se movilizaron contra el proyecto del canal interoceánico. El estado también respondió con violencia a los grupos que exigían una mayor transparencia electoral durante el proceso electoral de 2016, el acceso a la justicia o el respeto de los derechos de las mujeres.
Incluso si no existe una prohibición absoluta de los grupos políticos o de la sociedad civil independientes, ha sido cada vez más difícil reunirse libremente y demostrar. El control de las organizaciones disidentes aumentó indirectamente mediante la cooptación de los líderes de la oposición y directamente suspendiendo el estatus jurídico de algunos partidos (como el Movimiento de Renovación Sandinista, MRS), interviniendo en asociaciones cívicas opositoras (como el Movimiento Autónomo de Mujeres MAM) o amenazando y expulsando a periodistas internacionales que cubren las protestas contra el canal”.
