La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este jueves su Informe Anual correspondiente a 2017. El acto tuvo lugar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El Informe Anual ofrece información accesible, completa y relevante a los usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca del trabajo y los recursos de la Comisión. La publicación de este informe busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas, monitorear la situación de derechos humanos en la región y rendir cuentas sobre las actuaciones de la CIDH durante el año.
El Informe consta de una introducción y seis capítulos. En la introducción se destacan las medidas adoptadas por los Estados Miembros durante el 2017, dirigidas a promover y proteger los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales.
Venezuela y Cuba
En el Capítulo IV.B, la CIDH realiza un análisis de la situación de derechos humanos en algunos países a los cuales la Comisión consideró que debía dar especial seguimiento en el año 2017: Venezuela y Cuba. Esta sección fue preparada de acuerdo con los criterios específicos y la metodología detallada en su Reglamento. Esta sección del Capítulo IV del informe anual, integrada por un informe para cada país que se analiza, se basa en una amplia gama de fuentes. Los borradores de estos informes son enviados a los Estados involucrados para que tengan la oportunidad de responder y aportar información adicional, la cual la Comisión considera antes de la publicación.
En relación con Venezuela, el capítulo IV.B presenta un resumen ejecutivo del informe de país “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, el cual consta de cuatro ejes principales que representan las preocupaciones centrales de la CIDH respecto de Venezuela. El grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes de Venezuela. A lo anterior, se suma la existencia de serias restricciones que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Asimismo, la situación causada por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema.
En relación con Cuba, las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba. A lo anterior, se suman mínimas garantías judiciales y de protección judicial, que afectan especialmente a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, líderes sociales y políticos, periodistas independientes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI y la exclusión de la población afrodescendiente, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
