El plenario del Senado Federal de Brasil aprobó poco antes de la medianoche de este martes el decreto del presidente de la República, Michel Temer, que impone intervención del gobierno federal en el área de seguridad pública del estado de Río de Janeiro. Fueron 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención. La materia será promulgada.
La medida iniciada el 16 de febrero tiene ahora el aval del Congreso Nacional para seguir hasta el último día de 2018. Mientras esté en vigor, quedarán paralizadas las discusiones y votación de cualquier propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) tanto en la Cámara como en el Senado. Esta es la primera intervención federal en un ente federado desde la promulgación de la Constitución Federal en 1988. El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, estaba presente en el plenario del Senado durante los debates.
Es la propia Constitución que determina que la intervención federal es competencia de la Unión, sólo pudiendo ser decretada y ejecutada por el presidente de la República. La norma máxima del país también da poderes para que el Congreso Nacional apruebe o suspende la intervención federal.
Los senadores de partidos de la oposición intentaron impedir la aprobación de la medida, la cual calificaron de innecesaria, mal justificada, costosa, mal planeada, politiquera y electorera. Afirmaron también que la intervención fue decidida contra la voluntad de los militares y que no resolverá los problemas del estado. También fue criticada la posibilidad de uso de mandatos de búsqueda y aprehensión colectivos, considerados inconstitucionales por varios senadores.
El Decreto 9.288 / 2018 fue aprobado por el Decreto Legislativo Proyecto (PDS) 4/2018 , reportado en el Pleno por el senador Eduardo Lopes (PRB-RJ). En cuanto a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ), Lopes presentó un dictamen favorable a la aprobación del decreto, que consideró como medida extrema y excepcional, pero necesaria ante la realidad del estado.
Según el relator, el estado de Río de Janeiro enfrenta una ola grave de violencia y la población vive con miedo y en “situación de paranoia”. , Afirmó que la situación de la seguridad pública en el estado alcanzó tal nivel que exige medidas fuertes y efectivas del poder central para garantizar los derechos a la vida, libertad, igualdad, seguridad y propiedad previstos por la Constitución a todos los brasileños.
– La situación no es exclusiva de Río de Janeiro, pero cuando vemos a los bandidos asaltando carro de perro caliente con fusil, vemos que la situación es grave. La población vive asustada y con miedo “, dijo el relator.
Eduardo Lopes explicó el entero contenido del decreto presidencial e hizo referencia a los artículos constitucionales que rigen el acto. El informe de que, de acuerdo con el Decreto 9.288 / 2018, la intervención se limita al área de seguridad pública del estado y tiene por objetivo extinguir el “grave compromiso del orden público en el Estado de Río de Janeiro”.
El interventor nombrado por el documento es el general Walter Souza Braga Netto. El decreto establece que ese cargo es de naturaleza militar. Las atribuciones gubernamentales fuera del área de seguridad pública permanecen en manos del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, agregó Lopes.
Explicó además que el documento determina que el interventor está subordinado al presidente de la República y “no está sujeto a las normas estatales que se oponen a las medidas necesarias para la ejecución de la intervención”. Además, el interventor podrá solicitar “los recursos financieros, tecnológicos, estructurales y humanos”, ligados a la seguridad pública y que sean necesarios para el objetivo de la intervención. El decreto también establece que el interventor podrá pedir auxilio de cualquier órgano de la administración pública federal, civil o militar.
La medida autoriza además que el interventor solicite “bienes, servicios y servidores” de las áreas de las secretarías estatales de Seguridad y de Administración Penitenciaria y del Cuerpo de Bomberos Militar para empleo en las acciones por él determinadas. También quedan subordinadas al interventor las policías civil, militar y penitenciaria del estado.
El informe favorable a la aprobación del decreto fue apoyado en discursos por los senadores Lasier Martins (PSD-RS), Magno Malta (PR-ES), Marta Suplicy (PT-SP), Lúcia Vânia (PSB-GO) y Cássio Cunha Lima (PSDB) -PB). El presidente de la Comisión Europea, José Luis Rodríguez, afirmó que el presidente de la Comisión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero,
Lindbergh llegó a pedir una cuestión de orden para intentar detener el análisis del decreto argumentando que el Ejecutivo no presentó cálculos de los impactos financieros y presupuestarios de la intervención. Pero el presidente del Senado, Eunício Oliveira, rechazó la petición del parlamentario. Lindbergh criticó al gobierno por no haber planeado de manera eficaz la medida y de presentarla sin previsión de recursos y sin análisis de las repercusiones financieras.
– ¿Cómo puede el presidente de la República decretar intervención sin los recursos necesarios para que la medida sea conducida? Es una jugada político-electoral de un gobierno acuoso. No hay compromiso del gobierno Temer con la seguridad pública. Temer cortó recursos de la seguridad pública de todo el país, incluso en el control de fronteras. El gobierno necesita decir de dónde van a salir esos recursos. Es necesario un estudio de impacto financiero, afirmó Lindbergh.
A su vez, el senador Randolfe Rodrigues (Red-AP) dijo que la nota técnica conjunta de los fiscales federales que señalan errores en el Decreto Presidencial. Según la nota, puede haber graves violaciones al orden constitucional ya los derechos humanos, como mandamientos colectivos de búsqueda, aprehensión y captura. Los fiscales también defienden que establecer el cargo de interventor como de naturaleza militar es inconstitucional.
Randolfe presentó además solicitud pidiendo la creación de una comisión externa del Senado compuesta de diez senadores titulares y diez suplentes para acompañar de cerca la ejecución de la intervención federal. Eunicio dijo que el requerimiento será votado en el futuro.
El senador Renan Calheiros (PMDB-AL) clasificó la intervención de decorativas, simulacro e incompleta por no alcanzar el poder político del estado. Para Renan, la intervención tendría que alcanzar todo el gobierno, no sólo el área de seguridad pública.
– Es una locura, un tiro en el pie, una exposición innecesaria de las Fuerzas Armadas. No creo que el Senado de la República se disponga a votar un decreto que descaracteriza la intervención federal al no presentar las condiciones de su ejecución. Es una intervención media-boca -dijo Renan que, sin embargo, declaró voto favorable al decreto.
En el caso de los senadores Raimundo Lira (PMDB-PB), Jorge Viana (PT-AC), Paulo Bauer (PSDB-SC), Benedicto de Lira (PP-AL), João Capiberibe (PSB-AP), Ronaldo Caiado (DEM-GO) (PSB-BA), Omar Aziz (PSD-AM), Armando Monteiro (PTB-PE), José Medeiros (Pod-MT), Pedro Chaves (PSC-MS), Hélio José (Pros-DF) (PRTB-MA), Romero Jucá (PMDB-RR) y otros también hablaron durante las orientaciones de voto para las bancadas partidarias.
En la Cámara
En cuanto a la aprobación del decreto en la Cámara de Diputados, la ponente, Laura Carneiro (PMDB-RJ), incluyó dos sugerencias al Poder Ejecutivo en su opinión. Pidió que el gobierno federal presente recursos federales en carácter continuado, a ser usados en la seguridad pública y en las áreas de asistencia social.
La diputada también sugiere que el Poder Ejecutivo regular el poder de policía de las Fuerzas Armadas y establecer diálogos con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para el control externo de la operación. Los dos pedidos fueron hechos en forma de indicación, que son opinativos y no vinculan la actuación del Ejecutivo federal, ya que no es posible presentar enmiendas al decreto de intervención.
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