La carta, entregada al embajador de Brasil en Washington, Sergio Silva de Amaral, intenta intervenir en las decisiones de la Justicia brasileña y cuestiona las acusaciones del juez que interviene en la causa, como si estos diputados fueran parte de la causa.
La misiva comienza señalando:
Respetuosamente, clamamos a las autoridades de Brasil para asegurar que los derechos básicos del ex presidente Luiz Inácio ” Lula ” da Silva – en particular su derecho a tratamiento gratuito, justo e imparcial ante la ley – están completamente protegidos de conformidad con las obligaciones de los tratados internacionales firmados por Brasil. Estamos profundamente preocupados por la gran constatación de flagrantes violaciones de los derechos de Lula al debido proceso legal, lo que parece ser una campaña de persecución judicial con motivación política.
Luego los congresistas sostienen:
En julio de 2017, Lula fue sentenciado a casi diez años de prisión por un juez federal de primera instancia, llamado Sérgio Moro que, bajo el marco legal atípico de Brasil, también desempeñó papel de procurador jefe en el caso de Lula. La principal acusación se basa en una prueba altamente cuestionable que sería rechazada de primera mano por la mayoría de las cortes del mundo.
Se alega que Lula recibió propina en forma de reformas en una propiedad en el litoral pagadas por una constructora brasileña, el Grupo OAS. No hay, sin embargo, pruebas de que Lula o su difunta esposa tuvieran la propiedad o la usasen de algún modo. La única “prueba” producida por Moro fue el testimonio de un gerente de la OAS ya condenado que, a cambio de su testimonio contra Lula, tuvo su sentencia drásticamente reducida.
Antes de esa condena, el juez Moro se comprometió en acciones antiéticas y, a veces, ilegales, dirigidas a Lula que claramente demostraron que él no era capaz de desempeñar las tareas de un juez imparcial en el caso de Lula. En una ocasión Moro ordenó la detención de Lula y ordenó que él fuera transportado bajo guardia pesada para rendir testimonio a pesar de que Lula nunca haya demostrado mala voluntad para declarar.
La pregunta de analistas políticos es ¿Cómo saben estos congresistas que no hay pruebas para acusar a Lula?. ¿Quién los aconseja?.
La carta puntualiza que Aunque un resultado favorable a Lula es muy poco probable, la justicia y el debido proceso legal todavía pueden prevalecer en el caso de Lula. En la legislación brasileña, una condena y sentencia dictadas por un juez de primera instancia no es totalmente válida hasta que sea confirmada por un tribunal de segunda instancia. El 24 de enero, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, compuesto por tres miembros, realizará una audiencia para confirmar o rechazar la condena de Lula.
Desgraciadamente, ya hay signos que cuestionan la imparcialidad de dicho Tribunal. Entre otras cosas, el juez que la preside afirmó públicamente que cree que el proceso de Moro contra Lula es “impecable” y su jefe de gabinete recientemente ha publicado una petición en el facebook exigiendo que Lula sea arrestado.
Ante estas circunstancias preocupantes, exhortamos vehemente a las autoridades brasileñas a ejercer la máxima diligencia para asegurar la protección de los derechos de Lula al debido proceso legal. La naturaleza claramente politizada de los procedimientos jurídicos contra Lula ha puesto en riesgo las instituciones democráticas vitales y la confianza que los ciudadanos depositan en ellos. La elección presidencial que está por venir y la administración subsiguiente quedarán manchadas si el sistema jurídico es considerado fallido por no haber actuado correctamente, con imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.
Congresistas piden no presionar a la Justicia, pero ellos ejercen presión
Finalizan la carta presionando al Poder Judicial:
Es nuestro deseo y expectativa que las autoridades judiciales, revisando la condena de Lula, no se dejen ser presionadas por los sectores políticos y los medios de comunicación y sean guiadas por los principios básicos que son el fundamento de cualquier sociedad libre.
Los Demócratas firmantes de la carta
Mark Pocan – Miembro del Congreso
Keith Ellison – Miembro del Congreso
Ro Khanna – Miembro del Congreso
Frank Pallone, Jr. – Miembro del Congreso
Steve Cohen – Miembro del Congreso
Barbara Lee – Miembro del Congreso
Raúl M. Grijalva – Miembro del Congreso
Henry C. “Hank” Johnson, Jr – Miembro del Congreso
Pramila Jayapal – Miembro del Congreso
Jan Schakowsky – Miembro del Congreso
Congresistas defensores de la dictadura chavista
Algunos de los firmantes, como Mark Pocan y Ro Khanna, hicieron una declaración el 25 de agosto de 2017 sobre las sanciones de Trump a Venezuela señalando que: “”Con su anuncio de las sanciones financieras más extensas de Estados Unidos contra Venezuela hasta la fecha, la Administración Trump una vez más busca medidas agresivas unilaterales en el extranjero para distraer la atención de la indignación sostenida por las vergonzosas payasadas del presidente en casa, todo mientras diseña su sanciones de acuerdo con los intereses de los grupos de presión de la industria petrolera”.
En su declaración Pocan y Khanna señalan algo sobre Venezuela que exime de todo comentario: “Si bien seguimos profundamente preocupados por los esfuerzos del presidente Maduro para reemplazar a la Asamblea Nacional debidamente elegida de Venezuela, estas sanciones unilaterales complicarán aún más los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis política del país y amenazan con crear mayores dificultades económicas para los venezolanos comunes”
Anteriormente, otros miembros del ala izquierdista del partido Demócrata, le pidieron a Obama que retirara las sanciones a la dictadura de Venezuela.
15 de mayo de 2015, Dieciséis miembros demócratas de la Cámara de Representantes de los EE. UU. Firmaron una carta pidiendo al presidente Obama que retire las sanciones a siete funcionarios del gobierno venezolano y también que retire el lenguaje de una orden ejecutiva que justifique las sanciones.
Las sanciones a que se refiere la carta se basaron en una legislación aprobada por el Congreso en diciembre y firmada por el presidente el 18 de diciembre. El 9 de marzo, después del arresto de varias figuras políticas venezolanas a quienes el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó de planear un golpe, El presidente Obama emitió una orden ejecutiva declarando una “emergencia” sobre la base de una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria” a los Estados Unidos y sus intereses por parte de Venezuela, e impuso las sanciones, principalmente al personal de seguridad de nivel medio.
Las sanciones les impiden viajar a los Estados Unidos y congelar cualquier activo que puedan tener en este país.
Los congresistas “demócratas” que firmaron la carta fueron: Hank Johnson, John Conyers, Barbara Lee, Raúl Grijalva, Keith Ellison, José Serrano, Sam Farr, Karen Bass, Jan Schakowsky, Jim McDermott, Bobby Rush, Sheila Jackson-Lee, Mike Capuano, Charles. Rangel, Chellie Pingree y Earl Blumenauer.
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