Al reconocer que se trata de una medida difícil de ser entendida por la sociedad brasileña, Torquato Jardim dijo que el presidente de la República, que es profesor de derecho constitucional y fue dos veces secretario de Seguridad del estado de São Paulo, entendió que ese era el momento político adecuado para tener una “visión más liberal” de la cuestión del indulto en el derecho penal.
De acuerdo con el ministro, la medida tuvo en cuenta la superpoblación carcelaria. “Las cadenas están superpobladas, esa es una realidad que no podemos ignorar, los que van a dejar las cadenas son personas que no cometieron un crimen hediondo y no se valieron de grave amenaza,” afirmó.
En la defensa del decreto dijo que las reglas no alcanzan sólo crímenes contra la administración pública, ya que también incluyen condenados por tráfico de personas, drogas, armas y crímenes cibernéticos que, según él, pasaron a ser tratados este año con “abstracción, impersonalidad y universalidad “, que son criterios de la norma jurídica.
Opiniones
En respuesta a las críticas del coordinador de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, que afirmó que la medida “es una feria de Navidad para corruptos”, Torquato Jardim aseguró que el indulto no trae ningún perjuicio a la operación. “Es siempre una elección filosófica y humanitaria del” presidente de la República, explicó.
Sobre el hecho de no haber sido aceptadas las recomendaciones del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y del Ministerio Público, para que los crímenes contra la admisión pública quedaran fuera de la norma, Torquato Jardim recordó que el consejo es un órgano de asesoramiento y que la decisión del presidente de la República no es un acto judicial, ni del Ministerio Público.
En una nota publicada ayer, Transparencia Internacional dice que recibió con “profunda preocupación” el decreto. “La frustración del efectivo cumplimiento de las penas impuestas por la justicia señala a la población que a menudo los corruptos y poderosos pueden encontrar formas de escapar de la justicia, a pesar de la gravedad de sus crímenes”, dice el documento.
Los estudios de Transparencia Internacional sobre la utilización de instrumentos de perdón en el mundo apuntan que su uso inadecuado puede crear precedentes con potencial de minar el efecto disuasorio de la Ley y la confianza en el propio Estado de Derecho, favoreciendo una cultura de impunidad.
Nuevas reglas
El decreto es firmado anualmente por el presidente de la República y establece reglas para que el condenado pueda recibir el perdón de la pena. El de 2017 disminuye para un quinto el tiempo de cumplimiento de la pena para que el preso pueda recibir el beneficio, independientemente del total del castigo establecido en la condena. En el año pasado, sólo los sentenciados a no más de 12 años y que ya hubieran cumplido una cuarta parte de la pena, se beneficiaron, siempre que no reincidentes.
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