Con respecto a la “masacre” ocurrida en Barlovento, producto de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la cual dejó como saldo 12 venezolanos asesinados y encontrados en fosas comunes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseveró que este caso debe ser llevado hasta las últimas consecuencias para evitar que se susciten más hechos de este tipo.
Durante una actividad realizada en la parroquia Capaya del municipio Acevedo del eje barloventeño, el Mandatario regional calificó las OLP como una operación de exterminio. “Estamos cerca de donde fue encontrada una de las fosas. Aquí masacraron a 12 jóvenes. Lo que ocurrió en el municipio Acevedo no es la primera denuncia de actuaciones irregulares”.
En tal sentido, pidió al pueblo de Barlovento perder el miedo y denunciar con la finalidad de que se haga justicia. “Le digo a nuestro pueblo amado de Barlovento, tenemos que hacer justicia y derrotar el miedo a la hora de denunciar. Cuando algo pase, denuncie, aquí hay muchas personas que les da miedo decir las cosas. Se paralizan por el miedo. Esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, para que más nunca ocurran situaciones de este tipo”.
Asimismo, recalcó que la situación económica ha llegado a tal punto que en Barlovento, los lugareños tienen que “vender” artículos para poder pagar un sepelio. “Los que conocemos Barlovento, sabemos que aquí no viven ricos. Aquí la gente pasa trabajo todos los días”.
El también Líder de la Unidad Nacional cuestionó que el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no haya expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas de Barlovento, “pero si integrantes del Ejecutivo central hayan ofrecido condolencias al gobierno cubano”.
En ese sentido, rechazó que el Gobierno venezolano decretara tres días duelo por la muerte de un “dictador” (Fidel Castro), pero “no haya dado ni una palabra de pésame a las madres de esos muchachos masacrados en Barlovento”.
Imputación
El Ministerio Público imputará ante un tribunal de control del estado Miranda a 11 funcionarios del Ejército Nacional, por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 personas, cuyos cuerpos fueron hallados este viernes 25 y sábado 26 de noviembre en zonas montañosas del municipio Acevedo de esa jurisdicción.
En tal sentido, la Fiscalía 62º nacional con competencia en materia de Derechos Fundamentales imputará al Teniente coronel José Ángel Rojas, y a los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón.
Asimismo, serán imputados el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.
Los mencionados militares están adscritos al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café.
A los funcionarios aprehendidos, el Ministerio Público les atribuirá varios delitos, todos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales.
Vale señalar que dos de las víctimas fueron localizadas el viernes 25 de noviembre en el sector El Café del citado municipio; mientras que las 10 restantes fueron encontradas este sábado 26 en el sector Aragüita vía a Guatopo.
Por otra parte, el Ministerio Público pidió medidas de protección para los testigos del hecho.
La investigación del caso se inició una vez que los familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público y denunciaron su desaparición ocurrida entre el pasado 16 y 19 de octubre. Estas fueron detenidas por los militares durante un operativo de seguridad; posteriormente, fueron trasladadas a un punto de control ubicado en el sector El Café.
De inmediato el Ministerio Público comisionó a la mencionada fiscalía para investigar el hecho, la cual, actuando conjuntamente con funcionarios de la Unidad Criminalística, practicó una serie de diligencias que permitieron establecer que efectivamente los 12 ciudadanos fueron detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión.
Se debe recordar que para la aprehensión de una persona, por razones constitucionales, debe mediar una orden judicial, a menos que sea sorprendida en la comisión de un delito flagrante.
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