El Fiscal General de la República de El Salvador, licenciado Douglas Meléndez, confirmó las 21 órdenes administrativas que fueron giradas en contra de ex funcionarios del Gobierno anterior y personas particulares ligadas al tema de la tregua entre pandillas, realizado entre los años 2014-2015.
El Titular de la Institución, acompañado por el Fiscal Adjunto, Aquiles Parada, su Asesor Rodolfo Delgado, el jefe de Unidades Especializadas, Allan Hernández y la Jefa Especializada Antipandillas, Guadalupe de Echeverría, aseguró que se ha concluido la primera fase de investigación y que consistió en entregar al Director de la PNC, Howard Coto, las 21 órdenes de capturas, de la cuales se han hecho efectivas 18 de ellas.
“Nos encontramos con expedientes difusos o separados, poca investigación. En 3 meses hemos determinado que se cometieron diversos delitos en el marco de la tregua”, dijo el fiscal Meléndez.
Asimismo, el funcionario dijo que en ese marco se realizaron diversas reuniones para introducir objetos ilegales a centros penales y entre quienes también participaron cabecillas de pandillas.
“Se dio el aparente reducción de homicidios, al tiempo que aumentó el desaparecimiento de personas. Aumentaron los que denominamos como cementerios clandestinos”, explicó el funcionario.
Durante la fase de tregua esas personas se valieron de sus cargos para cometer delitos.
El Fiscal General explicó que Alrededor de 2 millones de dólares no se pagaron a los proveedores en las tiendas de los centros penales y que esa cantidad se utilizaron para otros fines, por lo que el estado debió reponer y por lo cual paralelamente se abrirá otra investigación. Advirtió que la investigación queda abierta para establecer si se cometieron más delitos.
Entre los capturados figuran: Mario Alberto Mijango Menjívar, también el ex director de Centros Penales Nelson Rauda, así como los oficiales de la PNC el Comisionado Óscar Antonio Aguilar Hernández; el Insp. Luis Alonso Aguilar y Subinspector Juan Castillo.
Son diferentes delitos los que enfrentarán como son Agrupaciones Ilícitas, Introducción de Objetos Prohibidos, Incumplimiento de deberes, entre otros.
El Director de Unidades especializadas explicó que las penas que podrían enfrentar los imputados oscilan entre 3 a 6 años de prisión y sin es más de un delito el que habría cometido alguno de los capturados será el juez el que determinará los años que se les impondrá mediante la aplicación de la figura del Concurso real de delitos.
Por su parte, la jefa Antipandillas dijo que se ha logrado determinar por medio de la prueba documental las distintas acciones ilegales que cometieron tanto al interior de los centros penitenciarios asi como las reuniones que sostuvieron afuera de los recintos en los que participaron pandilleros.
“Violaron reglamentos, horarios de visitas y una serie de privilegios que se dieron a los internos, incluyendo las fiestas que organizaron. Todo está acreditado hasta con videos”, dijo la fiscal jefa de Echeverría.
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