La Procuraduría General de la República abrió el lunes (4) un procedimiento de cooperación internacional con la Fiscalía de Panamá para tener acceso oficial a los llamados papeles de Panamá. El envío de documentos a Brasil dependerá de la voluntad de las autoridades panameñas, que, en otros casos, como en las investigaciones de la Operación Autolavado, ofrecieron resistencia a cooperar con la Procuraduría brasileña.
A su vez, la Secretaría de Ingresos Federales informó que espera la validación de la Justicia para revisar los documentos que citan brasileños en el caso. Podrá aplicarse una multa de hasta el 150% del valor omitido si se confirman casos de sociedades offshore no declaradas en el impuesto sobre la renta.
Los documentos divulgados el pasado sábado (2) por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) muestran que el bufete de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá, creó sociedades offshore para clientes de todo el mundo. La filtración incluyó documentos de las últimas cuatro décadas e involucró a autoridades de varios países.
Según la Secretaría, crear sociedades offshore no es ilegal y se trata de una forma de inversión en el extranjero, siempre que se declare la información. Sin embargo, si se detecta intento de evasión de impuestos o de ocultación del verdadero dueño de activos, el contribuyente puede ser notificado y multado.
La Secretaría también señaló que parte de la información revelada es conocida del grupo de trabajo de la etapa 22 de la Operación Autolavado. La etapa tuvo lugar a finales de enero e investigó la apertura de sociedades offshore para blanqueo de dinero en la trama de corrupción en Petrobras. En Brasil, Mossack Fonseca es investigada por abrir la sociedad Murray Holdings, que asumió la propiedad de un inmueble en la ciudad de Guarujá, estado de São Paulo, para ocultar los verdaderos dueños.
Papeles de Panamá
La investigación realizada por el Consorcio sobre las sociedades offshore produjo lo que se está llamando papeles de Panamá. El ICIJ, apoyado por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, tuvo acceso a 11,5 millones de documentos vinculados al bufete panameño Mossack Fonseca. Esos documentos, filtrados, fueron minuciosamente analizados por más de 370 periodistas de 76 países. En Brasil, forman parte del Consorcio profesionales del portal UOL, del diario O Estado de S. Paulo y de la estación Rede TV!.
Los documentos muestran que Mossack Fonseca, que cuenta con oficinas en otros países, es uno de los principales proveedores mundiales de empresas de fachada. La documentación revisada señaló la creación de 214 mil sociedades offshore vinculadas a titulares en más de 200 países y territorios. Hojas de cálculo, correos electrónicos, facturas y registros corporativos indican que los fraudes han sido cometidos en los últimos 40 años.
Según el blog del periodista Fernando Rodrigues, del portal UOL, empleados de Mossack Fonseca dijeron, en correos electrónicos privados, que la política de la compañía es “no atender a quienes tienen o tuvieron cargos políticos”. Sin embargo, el ICIJ encontró que algunas de las sociedades offshore fueron utilizadas por políticos y sus familiares para comprar bienes e inmuebles en el extranjero; otras sirvieron para manejar cuentas bancarias en países como Suiza.
Una offshore se puede utilizar para ocultar dinero y evitar el pago de impuestos, así como un presunto origen ilegal, como soborno o incluso tráfico de drogas. También se puede crear una fundación privada que actúe como accionista de la sociedad y oculte la identidad de su propietario. Los directores de esa fundación firman por ella y así ocultan el nombre del dueño del dinero en los documentos relacionados con la fundación y con la offshore.
En Brasil, el portal UOL analizó los nombres de personas clasificadas como “PEPs” (siglas para “personas políticamente expuestas” en inglés). El cruce de los datos incluyó a los 513 diputados federales, 81 senadores y sus suplentes, los 1.061 diputados departamentales elegidos en 2014 y 424 concejales de las 10 más grandes ciudades brasileñas.
El portal también buscó por los nombres de la presidenta Dilma Rousseff, de todos sus predecesores vivos, familiares más cercanos, ministros actuales y ex ministros de la Corte Suprema y de todos los tribunales superiores, así como candidatos a gobernador y a la presidencia en 2014.
Los brasileños implicados
Según el blog de Fernando Rodrigues, los papeles de Panamá también muestran que Mossack Fonseca vendió sociedades offshore a políticos brasileños de diversos partidos y sus familias.
Entre los políticos citados directa o indirectamente en la investigación están el actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el dueño de usinas y ex diputado federal João Lyra, el ex presidente del PSDB, Sérgio Guerra, que murió en 2014, el ex ministro Edison Lobão y el economista y ex ministro Delfim Netto.
Respecto a Cunha, los papeles citan al portugués Idalécio de Oliveira, quién, según la Procuraduría General de la República, le habría pagado soborno para facilitar contratos con Petrobras. Oliveira es dueño de un conglomerado llamado Lusitania Group, con sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca. En 2011, el empresario vendió áreas de explotación de petróleo en África a Petrobras, que resultaron en perjuicios a la petrolera brasileña.
Cunha fue indagado por periodistas del consorcio pero no respondió. De acuerdo con su asesoría, él niega vehementemente los cargos y “desafía a cualquiera a probar que tiene conexión con cualquier offshore”.
La investigación llegó también al nombre del ex presidente de la Suprema Corte, Joaquim Barbosa, quien habría dejado de pagar un tipo de impuesto a la compra de un apartamento en Miami, en 2012, según verificaron los periodistas Nicholas Nehamas, del periódico Miami Herald, y André Shalders, de UOL.
Barbosa utilizó, en la compra, la sociedad offshore Assas JB1 Corp, creada por Mossack, lo que es legal y común entre extranjeros. El impuesto, denominado documentary stamp tax, debería haber sido pagado en el momento de la compra, pero aparece a cero en el Registro Público de Miami, una indicación de que el pago está pendiente.
Según el periódico Miami Herald, Barbosa debería haber pagado una tasa de US$ 0,60 por cada US$ 100 del valor de la propiedad. “El precio de venta no aparece en el registro público, pero puede calcularse a partir de la cifra pagada en impuestos.” Sin esa información, no hay manera de saber cuánto costó el apartamento. El exministro, sin embargo, dijo que todos los impuestos sobre la propiedad fueron pagados y que el valor de la transacción está disponible en el portal Multiple Listing Service, un sitio privado para agentes inmobiliarios. Cuando adquirió el apartamento, Barbosa era relator de la Acción Penal 470, que trataba de pagos mensuales de sobornos del gobierno a parlamentarios.
El blog de Fernando Rodrigues buscó la familia de Sérgio Guerra a través de la oficina de prensa de la dirección nacional del PSDB. El partido no quiso hacer comentarios sobre el caso y recordó que Guerra murió hace unos dos años.
El economista Delfim Neto dijo por correo electrónico que las sociedades señaladas fueron fundadas en 2008, pero no llegaron a desarrollar cualquier actividad. Según él, el objetivo era proporcionar servicios de consultoría a empresas extranjeras, pero el proyecto no se concretó.
Las sociedades
Según el blog de Fernando Rodrigues, Mossack tuvo como clientes al menos seis grandes empresas mencionadas en la Operación Autolavado y abrió 16 sociedades offshore vinculadas con la constructora Odebrecht, con los grupos Mendes Júnior, Schahin, Queiroz Galvão, Feffer (controlador del grupo Suzano), además de Walter Faria –del Grupo Petrópolis– y Max y Rodrigo Bornholdt. Entre ellos, solo Odebrecht se negó a comentar el caso.
El grupo Feffer dijo en un comunicado que “entre 1993 y 2011, miembros de la familia Feffer tuvieron participación en Infonet Incorporated para inversiones en el extranjero, hasta el año 2011, cuando se interrumpió la inversión”.
A través de una nota de su asesoría, la familia Galvão, que controla la constructora Queiroz Galvão, informó que no haría comentarios sobre el caso de la offshore Fipar Assets y que “no realizó ningún pago ilegal en las obras de riego en Venezuela, en el Valle de Quíbor”. La constructora no declaró si considera legítimos o no los documentos.
Miembros de la familia Mendes Junior, propietaria de la constructora homónima, enviaron una nota explicando que Lanite Development Ltd, una sociedad offshore establecida en 1997 como parte del plan de reanudar la internacionalización de Mendes Júnior, estuvo inoperante y sigue así hasta la fecha.
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