Sus integrantes, impuestos en sus cargos directamente por órdenes de Chávez y Maduro, son magistrados incapaces de dictar sentencias que perjudiquen al gobierno en alguna forma.
Obsecuentes hasta el hartazgo, rivalizan entre ellos mismos para ver quien sirve mejor a los intereses del régimen, “interpretando” a su manera las leyes y torciéndolas descaradamente para contentar al chavismo.
Nuevamente se preparan para asestar otro golpe a la democracia con un fallo improcedente e ilegal, como es la impugnación a nueve diputados de la oposición, cuando ya, legalmente, han sido proclamados en sus cargos en forma oficial.
Al mejor estilo de una dictadura abren el despacho del Tribunal cerrado por vacaciones, exclusivamente para dar entrada y admitir a trámite a las impugnaciones ordenadas por Maduro.
En estos “magistrados” pesa la historia de violencia que caerá sobre ellos si se atrevieran a dictar una sentencia desfavorable al régimen, como ocurrió con la valiente jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada y torturada por decretar en forma legal la libertad de un acusado por el chavismo.
Afiuni, en julio del 2015 hizo declaraciones a la Corte en donde describió la violación sexual a la que fue sometida en la cárcel a causa de la cual se le tuvo que hacer una histerectomía y reconstrucción de sus órganos sexuales y vejiga, aparte del compromiso de uno de sus senos el cual está necrosado en un 25% a causa de una patada dada con una bota militar por uno de sus custodias y es muy probable que lo pierda.
Estos son los jueces que tienen en sus manos darle credibilidad o seguir violando la Constitución en el desprestigiado Poder Judicial de Venezuela:
Indira Alfonzo Izaguirre, presidenta de la Sala Electoral y vicepresidenta de la Sala Plena del máximo tribunal del país. Funcionaria de confianza del chavismo en varias oficinas del Estado antes de acceder a este cargo judicial. Bajo su presidencia la Sala Electoral decidió no convocar a elecciones al Parlamento Latinoamericano.
Malaquías Gil Rodríguez, Fue diputado del régimen electo en 2000 por el partido Podemos, aliado al chavismo. Dictó el sobreseimiento de Diosdado Cabello por una causa de malversación de fondos.
Jhannett María Madriz Sotillo, Jueza de gran confianza del régimen, ya que fue embajadora del gobierno chavista en Canadá hasta que renunció en 2010 para ser magistrada.
Los nuevos jueces
Fanny Márquez Cordero y Christian Tyrone Zerpa; nombrados en forma irregular por la mayoría simple de la saliente Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria, avalada por la Sala Consitucional del TSJ.
Márquez Cordero es otra fiel funcionaria chavista, debuta como magistrada impugnando a los diputados opositores y estuvo como intendenta Nacional de recursos Internos del Seniat, subordinada a José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello.
Christian Tyrone Zerpa, es otro fiel soldado chavista, diputado por el Psuv, sigue integrando el partido de Gobierno.
Los “magistrados” resuelven e impugnan como quiere el gobierno:
En su fallo, el Tribunal “ordena de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional”, afecta a los opositores Julio Ygarza y Nirma Guarulla, al representante indígena Romel Guzamana y a un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Miguel Tadeo Rodríguez.
En manos de estos personajes está el destino de la democracia de Venezuela.
R.V.
Opinión
