El gobierno de Costa Rica, por medio de la Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y la Promoción de la Inclusión Social inició el proceso de licitación para la construcción y equipamiento de dos unidades productivas; que tienen por objetivo la inserción laboral de personas privadas de libertad.
“Las unidades productivas permitirán a las personas privadas de libertad aprovechar y ocupar el tiempo, facilitando el reingreso a la sociedad. Los dos primeros proyectos tienen previsto albergar 1.152 personas”, detalla un comunicado de prensa.
En esta línea el Ejecutivo prevé la construcción de los dos proyectos, de 10.000 metros cuadrados cada uno, los que contarán con un modelo de atención, gestión y seguridad bajo los más altos estándares internacionales de calidad que los diferencian de las prisiones tradicionales.
Ante esto se especificó que su infraestructura incluye espacios arquitectónicos concebidos como una pequeña ciudad, lo más parecida a la vida en libertad, con recintos para la educación, formación laboral, talleres productivos y atención interdisciplinaria.
Reducir hacinamiento
Por otra parte el gobierno informó que el Ministerio de Justicia y Paz logró reducir el hacinamiento penitenciario un 5% en las últimas semanas, producto de las medidas extraordinarias para redistribuir la población penal hacia centros semiinstitucionales, con lo que el porcentaje de sobrepoblación pasó de un 52,1% (el 15 de setiembre) a un 47% (el 28 de octubre).
“Como bien sabemos, esta medida surge en una situación de emergencia y motivada por decisiones jurisdiccionales, por respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en una coyuntura en la cual existe una necesidad prioritaria de las personas privadas de libertad”, afirmó el viceministro, Marco Feoli, quien ha insistido en que se trata de una medida extraordinaria, de carácter rigurosa.
Al 15 de setiembre había 13.889 personas en prisión y, al 28 de octubre, 13.430, pero la capacidad real es de 9.130 espacios. Debido a estos niveles de sobrepoblación, los jueces han dictado el cierre técnico de 11 de los 13 centros penitenciarios, es decir, el Ministerio tiene prohibido ingresar a esos centros penitenciarios, más personas de las que egresan.
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