Guatemala: para no poner en riesgo las instituciones suspenden juicio al presidente

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, explicó este sábado las razones por las que ese alto tribunal decidió suspender de forma provisional el antejuicio en contra del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, entre ellas el peligro que corría la institucionalidad del país, según ha informado la agencia estal AGN.
Molina agregó que durante el proceso, la Corte Suprema de Justicia debió haber realizado un análisis a fondo antes de remitir al Congreso de la República la solicitud del antejuicio solicitado por el diputado Amílcar Pop en contra del mandatario.
“Hay derechos como los que nos atañan en este caso que es cuando se pone en peligro la institucionalidad del país, o el orden constitucional, que es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad”, dijo.
El magistrado explicó que separar del cargo al presidente por señalamientos sin fundamento es “gravoso” y causaría un “daño irreparable” y un “gran impacto” en la institucionalidad del país. De tal manera que la CC estuvo obligada a realizar la suspensión, expresó.
“Entendemos la indignación de la población y nosotros nos sumamos a eso pero las situaciones se deben resolver conforme a la ley. Nosotros estamos apoyando la constitucionalidad y nos sentimos satisfechos de cumplir con la función esencial de la Corte”, apuntó.
Con la decisión no se está “absolviendo ni condenando a nadie, ni se está solventando una anomalía con otra, porque el Estado de Derecho es salir de las crisis de forma legal”, sostuvo el magistrado.
Antejuicio
El antejuicio fue suspendido ayer de forma provisional en base a una acción de amparo presentada por la abogada particular Karen Fischer, quien argumentó que la CSJ no analizó a fondo la solicitud del legislador y sólo le dio trámite y la remitió al Congreso.
Tres de los cinco magistrados que integran el alto tribunal ampararon a Fischer y los otros dos razonaron su voto. De acuerdo con la resolución, la CSJ “no cumplió” con la ley en materia de Antejuicios la cual establece que se debe analizar y determinar de forma minuciosa las razones que se fundamentan sobre la posible comisión de un acto delictivo.
La decisión judicial también deja sin efecto temporal todas las acciones que se habían derivado del caso, es decir, la investigación iniciada en el Congreso para establecer si habían suficientes pruebas como para quitar o no la inmunidad al Presidente.
Se tiene previsto que en un plazo de dos meses la CSJ tenga los resultados de las investigaciones y los procesos realizados, como dicta la ley de Antejuicios, para determinar si el mandatario incurrió en prácticas ilegales que permitan darle tramite a la solicitud de Pop.