La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que cinco disposiciones adicionales de esa norma “tienen por objeto posibilitar que, en caso de una separación, se asuman funciones propias de Estado”. Son previsiones, ha añadido, “para un supuesto inconstitucional como sería esa separación unilateral de Cataluña del Estado español”.
Uno de esos preceptos se encamina a la creación de una administración tributaria de Cataluña encargada de la gestión de todos los impuestos catalanes, incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior. Sáenz de Santamaría ha señalado que la norma vulnera la soberanía y la igualdad de los españoles y el respeto al procedimiento de reforma de la Constitución, además de la reserva del Estado en materia de Administraciones Públicas y relaciones internacionales. La creación de administraciones tributarias propias en otras comunidades autónomas, ha advertido, “puede seguir esta misma vía de impugnación”.
Las otras disposiciones recurridas se refieren al Inventario del patrimonio de las Administraciones Públicas de Cataluña, al Catálogo de las infraestructuras estratégicas, al Plan Director relativo a los sectores de la energía, las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario, y a la creación de la Agencia Catalana de Protección Social. La vicepresidenta ha argumentado que esa asunción de las competencias en materia de Seguridad Social significaría la ruptura de la caja única que, “en beneficio de todos los pensionistas, residan o no en una comunidad autónoma deficitaria en materia de pensiones como es Cataluña, nos protege a todos cuando nos jubilamos para que se nos reconozca y pague nuestra pensión”.
La soberanía corresponde en exclusiva al pueblo español
Respecto a estas disposiciones, ha destacado Sáenz de Santamaría, el Consejo de Estado ha respaldado la propuesta de recurso por las mismas razones que el Constitucional declaró la incompatibilidad de la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña con la Carta Magna.
Ya hay un principio “clarísimamente asentado” por el Constitucional y, además, reiterado por unanimidad en una sentencia de ese tribunal conocida ayer, “de que la soberanía corresponde en exclusiva al pueblo español” y, por tanto, “ni la declaración de soberanía ni las consecuencias de esa declaración de soberanía entran dentro de la Constitución”, ha manifestado.
Además, el Ejecutivo impugnará dos artículos de la Ley de Medidas Fiscales. Por una parte, el 69, ya que asigna al Servicio Meteorológico de Cataluña la función de apoyo a la navegación aérea, cuando esta es competencia exclusiva del Estado. Por otro, el 95, que impone restricciones a los grandes establecimientos comerciales, lo que vulnera no sólo la legislación básica del Estado, sino también el derecho comunitario que impide establecer barreras de esa naturaleza, según ha indicado la vicepresidenta.
El Consejo de Ministros también ha solicitado al presidente del Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 34 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2015, por exceder los límites básicos establecidos respecto a la regulación de la masa retributiva global de los funcionarios y la oferta de empleo público.
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