En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el alto tribunal señala que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional debe continuar conociendo de estos hechos porque, por un lado, alguna de las víctimas tenía la nacionalidad española, además de la salvadoreña, y, por otro, hay “indicios suficientes” de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables.
El Supremo responde de esta manera a la exposición razonada que le elevó el titular de ese Juzgado, el magistrado Eloy Velasco, para determinar si procedía continuar la causa abierta en España por estos hechos en virtud de una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, denunciando el asesinato de los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Armando López, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes; del también jesuita Joaquín López, de la empleada de hogar Elba Julia Ramos y de la hija de ésta, Celina, de 16 años.
El auto del Supremo analiza la aplicación al caso de la reforma de la justicia universal introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial en marzo de 2014, que establece que los delitos a los que se refiere la reforma no serán perseguibles en España si hay iniciado procedimiento en el Estado donde se hubiesen cometido los hechos, salvo que dicho Estado, en este caso El Salvador, no esté dispuesto a investigar o no pueda realmente hacerlo.
El tribunal destaca que existen indicios serios y razonables de que “el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad”.
EEUU pide a un tribunal la extradición a España de un asesino de los jesuitas en El Salvador en 1989
En abril de este año, el Departamento de Justicia de los EEUU presentó una demanda en el Tribunal Federal del Distrito Este de Carolina del Norte para la búsqueda, detención y extradición a España de un ex coronel del ejército salvadoreño para enfrentar cargos relacionadas con el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas españoles en El Salvador en 1989.
El Secretario de Justicia Auxiliar Leslie R. Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal Thomas G. Walker del Distrito Este de Carolina del Norte, hizo el anuncio.
El ex coronel Inocente Orlando Montano Morales, de 72 años y otros 19 ex militares salvadoreños han sido acusados en España por los asesinatos de cinco sacerdotes jesuitas españoles en 1989 durante el conflicto civil salvadoreño. Una orden de arresto contra Montano fue emitida por un juez español.
Según alegaciones de la denuncia presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos en el día de ayer, entre 1980 y 1991, El Salvador se vio envuelto en un conflicto civil entre el gobierno dirigido por los militares y el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí FMLN. Durante este conflicto, en las primeras horas de la mañana del 16 de noviembre de 1989, miembros del ejército salvadoreño presuntamente asesinaron a seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de 16 años de edad, en la Universidad Centroamericana. Cinco de los sacerdotes jesuitas eran ciudadanos españoles, y las víctimas restantes eran de El Salvador. Los sacerdotes jesuitas eran supuestamente defensores de los debates entre el Frente Farabundo Martí y el gobierno militar para poner fin a la contienda.
En ese momento, Montano Morales era un coronel del ejército salvadoreño, y también se desempeñó como viceministro de Defensa y Seguridad Pública. La demanda alega que compartía la responsabilidad de supervisión sobre una estación de radio del gobierno que, días antes de la masacre, emitió amenazas instando al asesinato de los sacerdotes jesuitas. El día antes de los asesinatos, Montano Morales también habría participado en una serie de reuniones en las que uno de sus compañeros oficiales dieron la orden de matar al líder de los jesuitas y no dejar testigos. Al día siguiente, los miembros del Ejército salvadoreño presuntamente ejecutaron a los seis sacerdotes, su ama de llaves y la hija del ama de llaves.
Montano Morales se encuentra actualmente cumpliendo una pena de prisión federal de 21 meses en los Estados Unidos por su convicción de 2013 en el Distrito de Massachusetts por fraude migratorio y falso testimonio en relación con falsas declaraciones que hizo a las autoridades de inmigración para permanecer en los Estados Unidos. Él será liberado de la pena de prisión el 16 de abril de 2015.
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