El periodista venezolano José Vicente Rangel- allegado al gobierno e influyente dentro del chavismo- anunció el año pasado en su programa de Televen que conoce de “muy buena fuente” que “la República esta está a punto de perder el juicio que se realiza en Estados Unidos sobre los fondos de Bandagro”, lo que implicaría para Venezuela “el pago de una elevada cantidad de dinero”.
Rangel agregó que el gobierno venezolano, “al no contestar los formularios solicitados, el bufete de abogados de Estados Unidos que lleva el caso advirtió desde hace semanas sobre la situación y ante la falta de respuesta de la Procuraduría de la República, renunció a seguir representando a Venezuela”.
Luego dijo que “de ser así; ¿qué está pasando? e hizo otra pregunta: ¿Por qué no son atendidos los intereses de la nación?. La Asamblea Nacional debe investigar la situación, concluyó.
La historia de los bonos del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro)
El caso Bandagro refiere a un presunto fraude de considerables proporciones que tiene su origen hace más de 30 años y radica-según el gobierno venezolano- en la falsificación, distribución y cobro de una indeterminada cantidad de falsas Notas Promisorias, supuestamente emitidas por el ya desaparecido Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) de Venezuela, pero los tenedores hoy de esos presuntos bonos, estarían por ganar el multimillonario juicio, ante la falta de respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, según reconoce el periodista de tendencia oficialista, José Vicente Rangel.
La historia tiene ribetes de novela de intrigas y suspenso y llegó hace varios años de la mano de un italiano llamado James Paolo Pavanelli, que intentó cobrar en distintas oportunidades esos bonos. Fue juzgado y encarcelado en Europa por este tema y al salir siguió defendiendo la legitimidad de los pagarés de Bandagro.
Se asoció con mucha gente en Venezuela, en Panamá, en Estados Unidos, para que le acompañaran en su cruzada contra el gobierno de Venezuela, intentando cobrar los bonos de Bandagro.
En su contra tenía los antecedentes de algunos ilícitos cometidos antes de reclamar los pagarés del banco venezolano.
El periódico El País de España, informaba en su edición del 5 de agosto de 1980 de la detención de un supuesto cómplice del italiano por una gran estafa internacional a través de cheques falsos:
“La brigada regional de Policía Judicial de Barcelona, en colaboración con la Interpol, ha detenido al titular de una empresa barcelonesa como implicado en una importante estafa internacional, cuyos organizadores habrían introducido en España cheques falsos, en dólares, por un importe de aproximadamente 128 millones de pesetas. Según la Jefatura Superior de Policía, se trata de Guillermo Hernández Izquierdo, titular de Modexport, SA, quien manifestó desconocer la operación delictiva y pasó a disposición judicial. Como principal responsable de la organización figuraba Paolo Pavanelli, detenido recientemente en Francia. Había establecido una sociedad, no registrada oficialmente, que denominó First Finance Corporation SA, y que representaba a tres bancos ficticios, tampoco registrados”, consigna la información periodística.
En Barcelona, el mismo día 5 de agosto de 1980, el periódico La Vanguardia, titulaba: “Banda internacional de estafadores descubierta” con un subtítulo donde señalaba: “Montaron bancos ficticios y negociaron cheques por más de 128 millones de pesetas”.
Luego apuntaba: “Según una nota facilitada por la Jefatura Superior de Policía, el principal responsable de la organización, Paolo Pavanelli, italiano, de 33 años, detenido en Francia, había establecido una sociedad, no registrada oficialmente, que representaba a tres bancos ficticios, tampoco registrados y que consistían tan sólo en oficinas provistas de teletipo, a cargo de miembros de la organización. Amparándose en los falsos bancos, los delincuentes pusieron en circulación numerosos cheques en dólares, en su mayor parte negociados por cómplices de Pavanelli, que habían establecido sociedades dedicadas a exportación e importación con operatividad bancaria en divisas, cobrando los cheques a través de los bancos nacionales donde estaban ubicadas. Otros talones fueron vendidos a particulares, pagando por ellos el 10 por 100 de su valor nominal para negociarlos más tarde por su cuenta y otros fueron entregados a compañías o empresas en pago de mercancias suministradas”.
La prensa italiana acorrala a Pavanelli y sus socios
James Paolo Pavanelli y sus acompañantes son detenidos en Turín cuando la organización quería introducir en el mercado financiero europeo las “Promissory Notes” de Bandagro y los medios informativos no les dan respiro. La Stampa, en la sección: “Crónica de Turín” del jueves 31 de octubre de 1991, página 37, titula: “TÍTULOS FALSOS POR 700 MILLARDOS”
En el subtítulo agrega: “Entre los cinco denunciados también se encontraba un financiero de Turín y el secretario particular del presidente venezolano”, para entrar luego en el desarrollo de la noticia, señalando:
“Pudieron convertirse 700 millardos en un intento de estafa internacional organizada por un financiero de Turín en colaboración con tres funcionarios del Estado venezolano y un exiliado nicaragüense. La organización estaba lista para introducir en el mercado financiero europeo “Promissory Notes” (certificados de crédito) de una banca venezolana, el Banco de Desarrollo Agropecuario de Caracas, mejor conocido como “Bandagro”, que resultarían ser falsas.
Las investigaciones, que fueron conducidas por la “Criminalpol” de Turín, tienen inicio cuatro años atrás, en mayo del año 1987, cuando Paolo Pavanelli, de 45 años, comenzó a interesarse en las notas promisorias venezolanas. A Pedro José García Castro, director de Bandagro, le llegó una llamada del presidente de la empresa particular (e inexistente) “First Security Corporation Limited” de Turín. Era Pavanelli que solicitaba ganancias sobre 18 certificados de crédito que resultarían emitidos por esa Institución financiera el 7 de diciembre del año 1981 (con vencimiento el 8 de diciembre del año 1991), en partes de 25.000 dólares. García Castro respondió al financiero de Turín que no tenía conocimiento sobre el tema: “Si Usted posee esos documentos, son falsos”.
Pavanelli posee al menos seis. Se descubrieron (y se secuestraron) un año después, por “Scotland Yard”: el financiero fue descubierto con las manos en el saco en el intento de hacérselos “pagar” por una banca de Londres. Estuvo en la cárcel por un año y medio.
Pavanelli en los primeros meses del año 1990, se casó con una ciudadana inglesa, Sarah Duncan, regresó a Turín, fue a habitar en la “Crocetta” en vía Cristoforo Colombo, “donde se le tiene bajo discreta observación de la policía”, decía la información periodística de esos años.
Hoy aseguran que Pavanelli murió en un incendio en Suiza, pero otros allegados y familiares continúan los juicios en EE.UU.
Funcionarios chavistas avalaron los bonos de Pavanelli como válidos
El 3 de octubre del año 2003, la entonces Procuradora General de la República-en el gobierno de Hugo Chávez- Marisol Plaza, hizo un dictamen lapidario en contra de Venezuela, reconociendo la validez de los bonos de Bandagro: “Esta Procuraduría acepta la valoración y el criterio sostenido por la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas en los términos antes expuestos y en tal sentido se pronuncia por la PROCEDENCIA de la citada reclamación interpuesta”.
Quien era en esos años el Ministro de Finanzas del chavismo, Tobías Nóbrega, le solicitó a la Procuradora que revocara el dictamen y la funcionaria lo hizo en los siguientes términos: “… de conformidad con lo preceptuado en el articulo 56 de la LOPGR, este Despacho ya tuvo la oportunidad de remitir la opinión que le fuera previamente solicitada, mediante comunicación signada con el No. 0635, de fecha 03/10/03, a partir de la cual ese Ministerio queda facultado para proceder de conformidad con sus consideraciones, tomando en cuenta los elementos que reposan en el expediente correspondiente. Tales conclusiones arrojan que corresponde a otras autoridades, el pronunciamiento sobre la comisión o no de hechos punibles, como lo es precisamente el Ministerio Público, haciendo nugatorio un nuevo pronunciamiento de la PGR”.
Pero Nóbrega exige que el dictamen del 03/10/2003 debía ser revocado y Marisol Plaza en un nuevo pronunciamiento de cuatro hojas, sin procedimiento ni sustento legal alguno, dice que revoca el dictamen.
Basándose en la primera resolución de la Procuradora General de la República, el juicio sigue y la desidia del gobierno de Maduro en contestar los juicios, le puede hacer perder una suma multimillonaria a Venezuela.
Mientras en EEUU, Skye Ventures, una sociedad que tiene los pagarés de Bandagro- presuntamente entregados por Pavanelli y su familia- busca obtener un embargo sobre Citgo, la filial estadounidense de la petrolera estatal de Venezuela Pdvsa, y confía en que el tribunal se lo conceda, según ha informado el diario New York Post.
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