La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet firmó el Proyecto de Ley que reforma el Sistema de Defensa de la Libre Competencia, iniciativa jurídica que persigue como objetivo central promover la libre competencia a través de una mejor institucionalidad y sancionar de forma efectiva la colusión en el país.
“El sentido del proyecto que hoy enviamos es promover la libre competencia, a través de una institucionalidad mejor, más transparente, que perfecciona los mecanismos de control de fusiones y que establece sanciones eficaces contra la colusión”, dijo.
En este sentido la jefa de Estado destalló que con el proyecto de ley el Ejecutivo quiere poner fin a los casos de pactos entre dos personas con el fin de perjudicar a un tercero; los que se han presentado en el país en diferentes rubros perjudicando a la población, además de otras conductas contrarias a la competencia.
“Es inaceptable que un grupo de personas se ponga de acuerdo para perjudicar a los demás, y esto quede sin penas de cárcel efectiva. Porque con la colusión y otras malas prácticas, no sólo se daña la economía del país, sino también se perjudica directamente el bolsillo de las familias chilenas, y eso, sin duda, es muy grave”, afirmó.
Ante esto la Mandataria argumentó que con la iniciativa los consumidores y empresas del país se verán beneficiados, ya que obtienen precios justos y mejores productos; las empresas, porque la confianza de los consumidores les permite reducir sus costos de transacción.
Asimismo especificó que se establece un nuevo límite para las multas aplicables por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), tanto a la colusión, como al resto de las conductas anticompetitivas. Incluye mejoras institucionales y de procedimientos, entre las que destacan: el otorgar a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la facultad de realizar estudios de mercado, para lo cual podrá recabar información tanto de particulares como de instituciones públicas; establece sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE, y multas para aquellos investigados que no respondan o respondan sólo parcialmente a las solicitudes de información efectuadas por el organismo.
“Sancionar como corresponde los casos de colusión es un acto de justicia, de transparencia y de protección a nuestra economía y a nuestros consumidores”, dijo.
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