En una de las tantas intervenciones diarias aseguró que “ni derrocándolo” saldrán en libertad “los fascistas” que están presos y con eso envió un claro mensaje a la Justicia, que sin dudas “acatará” la decisión de Nicolás Maduro de no liberar a los opositores: “Yo estoy aquí por el pueblo, ni derrocándome a mí saldrían los asesinos, que lo sepa el imperialismo”, subrayó.
Es indudable que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Gladys Gutiérrez y los demás magistrados, no quieran seguir el camino de la valiente jueza María Lourdes Afiuni, que fue detenida por el régimen chavista en diciembre de 2009, encarcelada y violada, por dejar en libertad al banquero Eligio Cedeño, por actuar con imparcialidad, siguiendo una recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El 11 de diciembre de 2009, por cadena de radio y televisión, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, ordenó al Poder Judicial condenar a la juez María Lourdes Afiuni a pena máxima de 30 años de cárcel. ¿Justicia independiente? Claro que no.
El diario El Nacional, publicaba el 1º de diciembre de 2014 bajo el título: “En nueve años el TSJ no ha dictado ni una sentencia contra el gobierno”, un artículo donde revela que “Desde 2005, cuando el oficialismo tomó el control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro: El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo”.
El artículo agrega que, ““La Sala Constitucional nunca condenó al Presidente de la República por haber violado un derecho constitucional. En nueve años de un transitar político conmocionado y polémico, que ha tenido consecuencias palpables en la vida de muchas personas (asesinadas, encarceladas, exiliadas, perseguidas, despedidas), no deja de sorprender que en ninguna ocasión haya declarado con lugar un amparo constitucional ejercido contra el Presidente”, se indica en el libro que ya está a la venta en las librerías”.
También “Se añade que nunca se dictó una sentencia que anulara, en alguna materia que haya sido declarada estratégica o que haya supuesto una ampliación de las potestades del gobierno, una ley dictada por la Asamblea Nacional. Tampoco se censuró ninguno de los muchos acuerdos que emite la mayoría oficialista en los más variados temas, en muchas ocasiones para estigmatizar, perseguir o justificar violaciones a quienes se oponen al gobierno nacional”.
A todo esto se suma la indisimulada parcialidad de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que siempre parece acusar a los opositores al gobierno y no ofrece garantías de ningún tipo al ciudadano común. La imputación a María Corina Machado y ahora a Gaby Arellano, son acusaciones simplemente insostenibles y vergonzosas.
Con este panorama y con el último señalamiento de Maduro, queda muy en claro el estado de la Justicia en Venezuela.
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