Gallardón, que participó en el curso “La justicia en España: viejos problemas, nuevas soluciones”, reconoció que la Justicia en nuestro país “tiene una mirada muy severa y crítica por parte de la opinión pública, pero esto no se corresponde con los parámetros de evaluación internacionales”. El ministro apuntó la valoración reciente que ha hecho el Consejo de Europa sobre los sistemas judiciales en España, asignándoles “un aprobado alto y por encima de la Unión Europea”, afirmó. Aún así, Gallardón dijo que la Administración de Justicia “tiene que dar el gran salto para colocarse como uno de los mejores servicios públicos de España, principalmente por dos motivos: porque es un derecho constitucional y porque es un factor de competitividad”.
El ministro apuntó que con las reformas que el Gobierno está aplicando en materia de Justicia “se está contribuyendo al desarrollo económico del país”, y señaló que los esfuerzos de su ministerio se están centrando en mejorar la gestión de problemas fundamentales, como el elevado número de litigios y la dilación en la resolución de los asuntos judiciales. Respecto al primero, Gallardón señaló que se está trabajando en sistemas alternativos para la resolución de conflictos como el arbitraje o la mediación, mientras que para reducir el retraso de la Justicia “el problema no se resuelve con crear más juzgados o incorporar a más jueces, sino que hay que liberarlos de aquellas tareas que no sean juzgar y ejecutar lo juzgado”, aseguró.
En este sentido, Gallardón recalcó la urgencia en abordar este tema, porque, entre otras cosas, “actualmente hay 25.000 millones de euros estancados por estar pendientes de resoluciones judiciales”. Como parte de esa “liberación” de tareas para los jueces, el ministro de Justicia apuntó la reciente entrada en vigor del Real Decreto que otorga a los registradores mercantiles la gestión de los registradores civiles, así como la informatización del Registro Civil para la tramitación de certificados y expedientes, más de tres millones al año.
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